Una veintena de "alertadores" de corrupción y diez organizaciones de denunciantes de casos de corrupción han emitido un comunicado conjunto en el que piden que se revoque la condena de dos años impuesta por un juzgado de Sevilla a Roberto Macías, denunciante del caso de las facturas falsas de UGT-A.

En el comunicado, los "alentadores" y las organizaciones muestran su "rechazo e indignación" tras conocer la sentencia que condena a Roberto Macías por haber puesto en conocimiento público los presuntos delitos de sus superiores y la organización para la que trabajaba, el sindicato UGT-A.

También expresan su "sorpresa y malestar por la inobservancia del marco jurídico vigente: la Directiva Europea UE 1937/2019-A que la sentencia hace referencia, y que contiene disposiciones que son de obligado cumplimiento".

Los firmantes del comunicado también muestran su "consternación ante lo que parece una nueva represalia a un denunciante de corrupción por parte de una Justicia que no sólo desoye su protección, sino que lo condena por una acción que el propio marco jurídico español le obliga a realizar". 

En este sentido, añaden que el Tribunal Supremo, en su sentencia 35/2020 de 6 de febrero, manifiesta lo siguiente: "La Directiva se justifica en la constatación de que los informantes, o denunciantes, son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen conocimiento de prácticas delictivas en su empresa, o entidad pública, no proceden a denunciar, es fundamentalmente porque no se sienten suficientemente protegidos contra posibles represalias provenientes del ente cuyas  infracciones denuncia".

Por todo ello, reclaman la "nulidad de la sentencia y el archivo de las actuaciones contra Roberto Macías, por haber ejercido su deber de denunciar las presuntas prácticas corruptas de la organización para la que trabajaba y su derecho de hacerlo por el canal que le proporcionase una mayor seguridad. Por ser una sentencia contraria al interés general y a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas".

Y en segundo lugar, piden la modificación del Código Penal, "con el objetivo de impedir que nuestro ordenamiento jurídico continúe criminalizando las denuncias públicas", por lo que piden que se considere como una "eximente de responsabilidad penal la utilización de datos no sensibles para denunciar de forma pública actos de corrupción".

También solicitan la inmediata transposición de la Directiva Europea UE 1937/2019 de protección a los alertadores y denunciantes de corrupción, y la ampliación de las medidas propuestas por la Directiva Europea mediante la aprobación de una Ley Integral de Protección de Alertadores de Corrupción y contra la corrupción.