Unos padres a quienes la Junta de Andalucía inició un procedimiento de desamparo a sus hijos en junio de 2022 han denunciado que uno de ellos, de siete años ha sido víctima de presuntos abusos sexuales por otro menor ingresado en el Centro de Acogida de Sanlúcar la Mayor solo unos días después de su ingreso en el centro, según la querella presentada por el abogado, José A. Sires, ante el Juzgado de Instrucción. 

Según el letrado, tanto el director del centro como la psicóloga informaron por escrito al Servicio de Protección de Menores de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía "poniendo en conocimiento unos hechos gravísimos y delictivos que se están dando con respecto al menor, en concreto, tocamientos en sus órganos genitales en contra de su voluntad, obligándole a asistir a conversaciones de contenido sexual y conminándole bajo amenaza de agresión física a posar desnudo para obtener placer sexual, por parte de otro menor". La Junta cambió entonces al presunto autor de los hechos de centro y reunió a la víctima con su hermana mayor. 

En la querella presentada ante el Juzgado, se indica que "ante la falta de respuesta del Servicio de Protección de Menores Nº 1 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía", el director del centro de acogida llevó al niño a un centro de salud que lo desvió al Hospital San Juan de Dios de Sevilla donde fue explorado para determinar los posibles abusos sexuales. Fue este centro hospitalario quien remitió parte de lesiones al Juzgado de guardia de Sevilla.

Ante esta situación, Sires explica que la Junta de Andalucía "dio carpetazo" al asunto cinco días después concluyendo que "tras la evaluación inicial del expediente se concluyó que no se reflejaba en dicha documentación ningún indicador, verbalización o trastorno en la conducta del menor que motivara la evaluación especifica de abuso sexual"(sic).

El abogado de los padres, José Antonio Sires, ha presentado una querella contra la delegada Provincial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y contra aquellas personas o entidades que, en el curso de la investigación, aparezcan como criminal o civilmente responsables. En el escrito presentado señala el letrado que los querellados "abusando de sus cargos públicos han podido incurrir en hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de omisión del artículo 408 del Código Penal".

El letrado ha solicitado en su querella que la Fiscalía de Menores de Sevilla vigile la tutela, acogimiento o guarda de los menores tutelados y determinar la situación de los mismos en el centro de menores donde se encuentran, así como una responsabilidad civil por los daños morales causados y que se han estimado a priori y prudencialmente en la cantidad de 30.000 euros.