Juicio por el amaño de las oposiciones de la Policía Local

La máquina del fango

  • La primera sesión del juicio a los policías locales deja un combate dialéctico de altura entre la fiscal y el portavoz de los abogados de la defensa

  • La representante del Ministerio Público citó varias veces a Umberto Eco para referirse a la estrategia de la defensa

Alguno de los acusados por el amaño de las oposiciones de la Policía Local llegan a los juzgados. Alguno de los acusados por el amaño de las oposiciones de la Policía Local llegan a los juzgados.

Alguno de los acusados por el amaño de las oposiciones de la Policía Local llegan a los juzgados. / Belén Vargas

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Dificílmente habría pensado Umberto Eco en sus 84 años de vida que su nombre iba a presidir una sesión judicial. No en una adaptación de alguna de sus novelas ni en una recreación de una corte del medievo, época que se vanagloriaba de conocer mejor que la actual, sino en un juzgado de lo Penal de una ciudad como Sevilla en el año 2018, dos y medio después de su muerte. El inmenso, en todos los sentidos, escritor italiano ha aparecido la mañana de este martes recurrentemente en la primera sesión del juicio contra los 37 policías locales acusados de acceder de manera fraudulenta al cargo.

Su nombre lo ha pronunciado la fiscal, Ana María Linares, quien ha utilizado la expresión inventada por Eco para referirse al periodismo basura: la máquina del fango. Y no se ha referido precisamente a los periodistas que cubrían el juicio, sentados todos en la última fila de una sala ocupada en su mayoría por un enorme banquillo de los acusados, que comparten 45 personas; y animados porque estaban presenciando un espectáculo mucho más interesante que el que preveían, una especie de combate verbal de altura muy por encima de los aburridos tecnicismos que esperaban oír.

No, se refería a la estrategia de la defensa, y en concreto al último escrito presentado por Javier Carnerero, el abogado de uno de los principales acusados, el superintendente Juan José García, otrora presidente del tribunal de las oposiciones y para quien la Fiscalía solicita 13 años de inhabilitación. La representante del Ministerio Público se quejó, indignada, al ver su nombre y el uso de una fotografía suya "robada" de su cuenta personal de Facebook, que se hizo durante un viaje a Eslovenia, en un organigrama diseñado por la defensa en el que se aseguraba la existencia de una "trama corrupta".

Con flechas por todas partes, que iban y venían de un sentido a otro, el esquema colocaba en el centro de la trama a los agentes de la Gepol, tres policías locales que se encargaron de investigar el caso del presunto amaño de las oposiciones que ahora se juzga. En una esquina, en la parte superior derecha, la fotografía de la fiscal durante su viaje a Eslovenia apuntaba con una flecha hacia uno de los investigadores de la Gepol. Sobre la flecha, un pequeño texto decía que era amiga íntima de la familia. Debajo, otra flecha conectaba a la representante del Ministerio Público con su ex jefa en Sevilla, la actual fiscal general del Estado, María José Segarra.

Indignada por el "uso torticero" de su vida privada, y por que la relacionen con una persona que "no conoce de nada", la fiscal Ana Linares abrió la primera sesión de este juicio, uno de los más esperados del año, invocando a la portentosa figura del autor de El nombre de la rosa. "Están siguiendo ustedes una estrategia que ya fue definida por Umberto Eco para hablar del periodismo basura, la técnica de las salpicaduras de fango. Si quieren encontrar algo sospechoso, busquen que no lo van a encontrar, soy absolutamente imparcial".

Lo que Eco bautizó como la máquina del fango en su libro Número cero era una crítica brutal a la prensa italiana controlada por Silvio Berlusconi. "Es una forma de deslegitimación del adversario mostrando aspectos secretos de su vida. Antes, cuando una persona era acusada por un juez, tenía que demostrar su inocencia. Lo que ha pasado en Italia durante los veinte años de gobierno de Berlusconi es que, cada vez que un juez lo acusaba, él intentaba demostrar que el juez era culpable. No me puede juzgar porque él es culpable de algo", dijo Eco en una entrevista a la Sexta pocos meses antes de su muerte.

Así, siguiendo la tesis del intelectual italiano, una fiscal no puede acusar a 37 policías locales de acceder de manera irregular al cuerpo, conociendo previamente las preguntas del examen, porque supuestamente mantiene una relación de amistad con la familia de uno de los agentes que investigó ese caso. Algo que la fiscal niega rotundamente, pero que si fuera cierto tampoco debería importar demasiado.

También lo ha negado una de las abogadas de la acusación particular, si bien aquí la relación entre uno de los investigadores y el titular del despacho, conocido capataz de Sevilla que tuvo mucho tiempo al policía como ayudante en su cuadrilla, es más que notoria.

Hay que tener en cuenta que buena parte de la acusación se basa en las relaciones entre los acusados y policías locales en activo o jubilados (hay hermanos, hijos y sobrinos de agentes), de ahí la importancia que estos parentescos o amistades cobran en este juicio. Y de ahí que la estrategia de la defensa sea la de tratar de demostrar las relaciones entre los investigadores y la fiscal, precisamente para desmontar después una acusación basada en el parentesco, compadreo o amistad de los acusados con policías locales y sindicalistas.

La máquina del fango salió a relucir varias veces a lo largo de las dos horas que duró la primera sesión del juicio a los policías locales. Tanto que hasta el abogado Agustín Martínez, que ejerció de portavoz de las defensas durante la presentación de las cuestiones previas conjuntas, aseguró que no era necesario ir "con botas de agua y chubasquero" para protegerse de la cantidad de fango que la fiscal le acusaba de producir.

La expresión de Eco salió a la palestra con cada una de las cuestiones previas que los defensores planteaban, en un nuevo y desesperado intento por suspender otra vez el juicio y dilatar todavía más el proceso, que ya suma varios centenares de recursos. Se pidió la nulidad, se volvió a plantear la cuestión de competencia del tribunal, resuelta ya por la Audiencia, se pidió la recusación de los agentes de la Gepol como testigos, y se sembró la sospecha sobre la funcionaria de la Junta que ejercía de vocal en el tribunal de las oposiciones, que es testigo en esta causa.

Esta testigo se encontró varios folios con las preguntas del examen en julio de 2016, cuatro años después del inicio de la investigación. Para las defensas, se trata de un documento "sustraído" que incriminaría a esta funcionaria, puesto que nadie podría tener acceso a esos papeles antes del examen. Y qué casualidad que apareciera cuando ya no podía cambiarse la condición de la testigo a investigada.

La fiscal defendió la honestidad de la funcionaria y admitió que fue "ella misma" quien la asesoró. La llamó un día diciéndole que había encontrado ese documento durante una "limpieza o mudanza" y que no sabía qué hacer con él. "Le dije que viniera aquí y diera las explicaciones oportunas a este mismo juez. Ustedes mismos podrán preguntarle en este juicio porque está citada como testigo".

Otras partículas de fango saltaron en la sala de vistas cuando los abogados defensores cuestionaron la capacidad de la Gepol para investigar el presunto amaño, primero porque a su juicio no tenían la condición de policía judicial y después porque el jefe de la unidad daba clases en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) y, por tanto, enseñó a muchos de los que luego investigó y que hoy se sientan en el banquillo.

La fiscal volvió a responder, en un nueva devolución del golpe del portavoz de las defensas, y calificó la investigación de la Gepol como "un trabajo excepcional", que ha terminado costando la baja a los agentes y que hayan sido "defenestrados" de sus puestos. Y, sobre la ESPA, la fiscal recordó que muchos de sus compañeros dan clases en esta escuela, pero "no tienen una bola de cristal" para saber si sus alumnos serán acusados después de algún delito.

Entre el fango siguieron combatiendo los actores principales de esta primera sesión. Llevaron el peso del combate el portavoz de las defensas, el abogado Agustín Martínez, entrenado en los más exigentes rings de las televisiones cuando ha tenido que defender públicamente a los miembros de la Manada, y la fiscal Ana Linares, que devolvió con dignidad los golpes de un adversario rocoso.

Las referencias a Eco de la fiscal dieron paso a una frase clásica esgrimida por uno de los abogados de la acusación. La cita es esa de origen ignoto que reza que "la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero". Nótese el tono escatológico que acompañó a toda la sesión. Martínez respondió también con tablas: "La verdad no la va a decir ni Agamenón ni su porquero, sino este tribunal o uno superior cuando emitan una sentencia que sea firme". Obsérvese que ya el abogado anticipa un recurso a un tribunal superior, pues no en vano las defensas han intentado deslegitimar al actual.

De momento, el encargado de dictar esa verdad judicial será el titular del juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, quien interrumpió la sesión a las dos horas de debate. Se vieron cuatro de las 16 cuestiones previas planteadas por las defensas. El magistrado tuvo un detalle con la fiscal y pidió a los abogados que las presentaran por escrito y le pasaran copia a las acusaciones, para que así pudieran rebatirlas con argumentos más estudiados y no sobre la marcha.

También tuvo un gesto con los acusados, a los que eximió de acudir los demás días del juicio, salvo la fecha en la que tienen que declarar. "Recuerden que en la última sesión hay un derecho a la última palabra. Si no vienen, entenderé que renuncian a ese derecho y no pueden alegar indefensión porque ya les estoy avisando yo de ello". 

Las cinco primeras sesiones del juicio serán cuestiones previas. Se analizarán las conjuntas de cuatro en cuatro y se dejará la quinta jornada para las particulares de cada abogado. El juicio se reanuda este jueves, pero no será hasta el día 2 de octubre cuando comiencen las declaraciones con el testimonio del superintendente Juan José García.

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