Sólo dos días después de que Reino Unido saliera de la UE (aún quedan 11 meses por delante para resolver acuerdos y convenios), el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, dictó un auto para solicitar a este país la continuación del trámite de la euroorden contra la ex consejera de Educación de la Generalitat catalana Clara Pontasí. El magistrado entiende que, tras el Brexit, su inmunidad como parlamentaria europea o alcanza al territorio británico.  El auto añade que ello no comporta , sin más, que deba transformarse de inmediato el proceso de euroorden en uno de extradición puesto que el acuerdo del Brexit precisa que las eurórdenes de detención ya iniciadas, como es la de Ponsatí, deben seguir tramitándose dentro de la cooperación judicial en materia penal.

Lo que está claro es que, como indica el fiscal de Cooperación Internacional en Sevilla, José Manuel Rueda, "los ingleses ya han salido de las instituciones".  En cualquier caso, existen los magistrados de enlace, que pertenecen al ministerio de Justicia y coordinan los problemas que haya entre España y el Reino Unido. Rueda cree que el Brexit va a favorecer a la Unión Europea desde el punto de vista judicial. Por su experiencia en Eurojust, "no solían ser muy colaboradores". Precisamente, Eurojust es uno de los aspectos a los que se refiere el Ministerio de Justicia en sus recomendaciones sobre el Brexit. En líneas generales tanto Reino Unido como Eurojust se podrán intercambiar información, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Se trata de que continúe, en la medida de lo posible tanto la cooperación policial como la judicial. Además, Reino Unido tendrá derecho a utilizar la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información (Siena) tras el periodo de transición, por un periodo no superior a un año.

El fiscal José Manuel Rueda, en su despacho

Sobre las directivas y reglamentos aplicados hasta ahora, la UE tendrá que hacer diferentes convenios con Reino Unido. "Los países de la UE funcionamos por reglamentos y directivas que afectan solo a los estados miembros. Ahora habrá convenios específicos de la UE con el Reino Unido. Todo esto hay que negociarlo porque la legislación europea a ellos no les vincula", advierte José Manuel Rueda.

El fiscal de Cooperación Internacional de Sevilla cree que en el futuro todo seguirá igual. "En lugar de con una reglamentación europea, será por convenio. Muchas cosas van a ser así. Van a estar fuera de las instituciones, no van a pagar y vamos a seguir prácticamente igual, pero por convenio."

Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía General del Estado han dado una serie de directrices para estos meses de transición. Básicamente, ambos organismos recuerdan que hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando finaliza el periodo de transición, salvo disposición contraria en el Acuerdo de Retirada, "el Derecho de la Unión será aplicable al y en el Reino Unido durante el periodo transitorio". Es decir, hasta finales de 2020 la legislación de la UE seguirá vigente en Gran Bretaña y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá teniendo jurisdicción sobre Reino Unido durante el periodo de transición.

Respecto a Gibraltar, el Acuerdo de retirada de la UE se aplicara con la misma extensión en la que el derecho de la UE se aplicaba antes de la entrada en vigor.

En definitiva, hasta el 31 de diciembre de 2020 y respecto a las diligencias judiciales de investigación, sequirán conforme hasta ahora, basadas en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.