SENTENCIAS ASEQUIBLES

Los juzgados andaluces usarán un lenguaje adaptado a discapacitados

  • Las sentencias se traducirán a Lectura Fácil para que los discapacitados entiendan las medidas que les afectan 

  • El proyecto piloto empieza en un juzgado de Familia de Sevilla

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Los jueces andaluces han empezado a preparar un lenguaje judicial asequible para personas con discapacidad intelectual. En una primera fase se aplicará en los Juzgados de Familia de Sevilla para sentencias relativas a la modificación de la capacidad jurídica y se ampliará luego al resto de tribunales andaluces.

El proyecto piloto comienza esta próxima semana en el Juzgado de Familia 26 de Sevilla. Un primer grupo de cinco sentencias que afectan a la capacidad de obrar de personas con minusvalía psíquica se va a traducir al sistema de Lectura Fácil. La juez comprobará que su resolución ha sido correctamente “traducida”  y a continuación notificará los dos textos -la sentencia y su adaptación- al interesado.

Se trata de un proyecto emprendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la asociación Plena Inclusión, que agrupa a un millar de entidades de defensa de los derechos de los discapacitados intelectuales en toda España.

La juez María Luisa Zamora Segovia, delegada de Discapacidad del CGPJ en Andalucía y titular del Juzgado de Familia 26, explica a este periódico el objetivo del proyecto: “hacer asequibles las resoluciones judiciales a personas con discapacidad para que comprendan en qué aspectos y matices les va a afectar”.

Se trata de que estas personas comprendan en qué aspectos el juez modifica su capacidad de obrar y entiendan que “no es una anulación sino una medida para su protección”. “Donde ellos no lleguen, será su tutor quien defienda sus intereses”.

Dos o tres miembros discapacitados de Plena Inclusión Andalucía serán los encargados de trasladar las sentencias a Lectura Fácil y sus textos serán supervisados por otros socios y finalmente por el juez. Las personas que llevarán a cabo ese trabajo recibirán una remuneración en virtud de un contrato menor firmado por Eduardo Tamarit, director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia andaluza.

Para el proyecto piloto que comienza la próxima semana, la juez Zamora, que es titular del Juzgado de Familia donde se va a poner en marcha, ha tenido en cuenta la cadena de custodia y diversas precauciones para preservar los nombres y datos personales de los destinatarios. 

En las últimas semanas se han reunido representantes de la Junta, de Plena Inclusión Andalucía y los cinco jueces de Familia de Sevilla, a los que el proyecto de ampliará a finales de este año.

Las sentencias sobre capacidad civil afectan a un abanico amplio de actos, desde la cantidad de dinero de bolsillo que pueden gastar hasta firmar contratos y disponer de sus bienes.

Según el grado de discapacidad, los jueces decidirán a qué tipo de personas se notificarán las resoluciones y supervisarán el texto final. Está previsto extender el proyecto en 2019 a los juzgados mixtos de la periferia de Sevilla y a continuación al resto de Andalucía.

Aunque se puso en marcha por primera vez en Asturias, Andalucía es la primera comunidad autónoma extensa que comienza a trabajar en su implantación. 

La iniciativa asturiana ha recibido numerosos premios, entre ellos en febrero de 2018, en Viena, recogió una distinción de The Zero Project que reconoce las políticas innovadoras en favor de los discapacitados.

La Lectura Fácil forma parte de una idea más amplia de accesibilidad cognitiva, destinada a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan acceder a la información y a la comprensión de su entorno.

En la actualidad hay proyectos en el entorno periodístico (con revistas en Lectura Fácil), cultural (información de museos, obras de teatro, adaptación de novelas y clubes de lectura). También se ha extendido al mundo social (publicaciones sobre prevención de la violencia de género), sanitario (información al paciente) y laboral (prevención de riesgos laborales). 

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