A la juez Mercedes Alaya parece evidente que lo que le gusta es instruir, investigar, más que celebrar juicios y resolver recursos, que es lo que viene haciendo desde que en 2015 se marchó voluntariamente para ocupar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, aunque su intención era haber seguido investigando las macrocausas.

Desde la Audiencia, Alaya sigue “instruyendo” a tenor del auto conocido ayer y en el que por segunda vez ha ordenado la reapertura del caso Aznalcóllar, en el que ni la juez instructora ni la Fiscalía de Sevilla han encontrado indicios de delito. Aunque Alaya ha sido la magistrada ponente designada para este recurso, no debe olvidarse que la decisión ha sido adoptada de forma conjunta y con acuerdo de otros tres magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que han asumido todos los argumentos expuestos por la ponente, dado que no se ha emitido ningún voto particular al respecto.

No es muy habitual que una causa sea reabierta por segunda vez por la Audiencia de Sevilla, en contra del criterio de la Fiscalía, y que se haga a pesar de que hay dos pruebas fundamentales con resultado negativo que, tras la primera reapertura, acordó la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández.

Se trata de un informe encargado a la Intervención General del Estado (IGAE) –cuerpo al que la propia Alaya pidió el auxilio judicial en la investigación de la macrocausa de los ERE fraudulentos– y del análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un total de 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con el concurso de la mina.

Sobre el primero de los extremos, la IGAE concluyó que la Junta no favoreció a Minorbis en la adjudicación del concurso público, dado que los peritos no aprecian que se haya producido un “incumplimiento del principio de igualdad de trato entre las entidades licitadoras”. Dice Alaya que ese informe pericial “aunque se trata de una pericial jurídica de cuestiones que son asequibles a cualquier operador jurídico, sin lugar a dudas ha servido de guía y referencia a esta Sala para la resolución de este recurso, aunque algunas de sus conclusiones no se compartan”.

En cuanto a la investigación de los correos electrónicos, la UCO concluyó que “no se ha detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del comité técnico o de la mesa de contratación”.

Pero Alaya va más allá de este informe al decir que “del estudio que esta Sala ha realizado de los correos electrónicos” entre Vicente Fernández y los responsables de Magtel se desprende “una excelente relación personal entre ambas partes mediante correos recíprocos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas”, donde se “expondría la solicitud de Magtel de su intermediación”.

La papeleta está de nuevo en el tejado de la instructora, pero con este contexto es más que probable que la instrucción no se vuelva a cerrar y el caso llegue finalmente a juicio. Al tiempo.