Cuando estalló el escándalo del denominado Caso Betis y la tortuosa instrucción que hizo Mercedes Alaya para que finalmente la sentencia fuese absolutoria, el máximo mandatario del club, Manuel Ruiz de Lopera pactó la venta de su paquete mayoritario de acciones por 70 millones de euros a una sociedad en constitución denominada “Betis Sport”.

El contrato, firmado el 29 de julio de 2008, ha visto ahora la luz en el marco de un juicio que se va a celebrar el próximo mes de enero en un juzgado de lo Penal de Sevilla, donde uno de esos supuestos compradores del Betis, Francisco S. Q., será enjuiciado por un delito de estafa por la presunta doble venta de una finca con la que, según este acusado, iba a participar en la adquisición del club.

En virtud de ese contrato privado, la sociedad Familia Ruiz Avalo (Farusa) iba a transmitir las 60.325 acciones que disponía y que representaban el 51,34%n del capital social del Real Betis por un precio de 70 millones de euros.

Pero lo realmente curioso de esta historia son las singulares cláusulas que en el contrato pactó Lopera con los supuestos compradores. Para empezar, la sociedad compradora y el Real Betis se comprometían y “obligaban de forma expresa y con carácter vinculante, a no permitir el acceso a ningún cargo”, ni en el Real Betis ni en su Consejo de Administración ni en su equipo técnico del entrenador Lorenzo Serra Ferrer y de Hugo Galera Davidson, que lidera la plataforma Béticos por el Villamarín, una de las acusaciones particulares en el denominado Caso Betis. Junto a estos dos proscritos, el contrato establecía la misma prohibición con respeto a todos los “querellantes o denunciantes de los procedimientos planteados al Real Betis”, según recoge el apartado “g” de la cláusula quinta.

Estas prohibición, proseguía el acuerdo –que finalmente nunca se materializó pese a haberse suscrito–, se mantendrá “indefectiblemente durante todo el periodo de tiempo en que quede pendiente algún pago por razón de la compraventa de acciones”.

En el caso de que se incumpliera esta prohibición de acceso, el contrato fijaba una indemnización a favor de Farusa de un millón de euros “por cada uno de los incumplimientos de las prohibiciones establecidas en el presente apartado”. Pero además, se establecía esa misma indemnización de un millón de euros “en el supuesto de que el busto o relieve del señor Galera Davidson fuera colocado en el exterior del Estadio Manuel Ruiz de Lopera”.

La cosa no quedaba ahí porque en otra de las cláusulas el Betis y la sociedad que lo iba a adquirir se “comprometían y obligaban a no modificar el nombre del Estadio Manuel Ruiz de Lopera que viene establecido tanto para el Estadio Principal como para las instalaciones deportivas complementarias”. Este compromiso, añadía el contrato, será adoptado en un consejo de administración que debía celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la escrituración pública de las acciones, y a continuación recogía que la vulneración de este compromiso “conllevará una penalización solidaria para el club y el accionista mayoritario de 5 millones de euros a favor de la sociedad Farusa”.

También decía el contrato que el comprador asumía los gastos judiciales de los procesos judiciales en marcha, al reconocer expresamente el compromiso de la liberación de cargas dimanantes de los saldos negativos que pudieran resultar con respecto a la “liquidación o liquidaciones que pudiesen resultar de los procedimientos judiciales y administrativos existentes, y en especial del procedimiento penal que se tramita ante el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en cuanto se deriven de las relaciones mantenidas con el Real Betis”.

Otras obligaciones que asumía el comprador consistían en arrendar dos inmuebles propiedades de las sociedades de Lopera como sede social del club –con un pago de 300.000 euros como traspaso además de las rentas mensuales”, así como todas las garantías hipotecarias y avales que el club tenía con Hacienda y otros entes administrativos por deudas recurridas.

También debía asumir el comprador la plantilla de Encadesa que venía prestando sus servicios al Betis, incluyendo al gerente y al director deportivo, entre otros.

El acusado de estafa alega que necesitaba el dinero para la compra del Betis

El contrato ha salido a la luz con motivo de un juicio contra uno de los supuestos compradores que se celebrará en enero en un juzgado de lo Penal de Sevilla, donde uno de los acusados por estafa en relación con la doble venta de una finca alegó que “necesitaba financiación” para la compra del Real Betis y contactó con otro procesado que “se le ofreció como intermediario financiero para conseguirle dicha financiación”, y que este otro acusado le pidió una provisión de fondos para realizar la actividad, por lo que fue entregándole cantidades a cuenta hasta un total de un millón de euros, pero como el negocio de la compra del Betis no siguió adelante, firmó un acuerdo de préstamo por esa misma cuantía.

El abogado José María Carnero, que ejerce la acusación contra este acusado de estafa, explicó ayer a este periódico que la incorporación a este juicio del contrato por la supuesta venta del Betis es “anecdótico”. Su cliente “sólo desea que le devuelvan las dos fincas que legítimamente adquirió y a cuya propiedad registral nunca ha podido acceder, o en su defecto le sean devueltas las cantidades entregadas por ellas”.

El letrado añadió que el hecho de que uno de los acusados por un delito de estafa haya manifestado que “el dinero presuntamente percibido por su actuación lo necesitaba para adquirir un club de fútbol no puede justificar la posible existencia del delito. El estilo del contrato es particular, pero no me corresponde valorarlo”, concluyó José María Carnero.

La acusación particular que ejerce este abogado reclama una condena de cuatro años de prisión para cada uno de los tres procesados que serán enjuiciados en enero, entre ellos el que alega que necesitaba el dinero para la compra del Betis y ha aportado el singular contrato, por un delito de estafa por la doble venta de unas fincas, y reclama que a su cliente le sean entregadas las fincas o se proceda a su indemnización por importe de 127.000 euros, por el perjuicio económico que se le ha causado con dicha estafa.