Vivimos en una sociedad en la que, lamentablemente, hay una excesiva judicialización que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. A la más mínima, cualquiera te amenaza con llevarte al juzgado de guardia, aunque sea por cosas que tienen una escasa o incluso nula relevancia penal, a pesar del principio de intervención mínima del derecho penal, que debe reservarse para los hechos realmente delictivos. Eso sí, luego nos quejamos de la lentitud de la Justicia, de los años que tardan los pleitos en resolverse. La política es un claro ejemplo de este vicio desmedido a denunciar, hasta el punto de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está desarrollando actualmente prevé excluir a las personas jurídicas públicas, a los partidos políticos y los sindicatos del ejercicio de la acción popular.

Esta misma semana el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentando una denuncia contra el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, al que atribuye hasta cuatro delitos relacionados con el incidente en el que el concejal socialista se vio involucrado el pasado 6 de enero, día de Reyes, cuando acudió con su familia al restaurante Princi.Pico de Los Remedios y le negaron una mesa de diez comensales, pese a que ese día sí estaba permitido.

El malentendido del encargado del restaurante, que había consultado la normativa en una página web –en lugar de haber acudido al BOJA–, derivó en un altercado en el establecimiento, que ese día estaba al completo y en el que incluso estaba almorzando el hijo de un antiguo destacado dirigente del PP de Sevilla, formación política que también se ha sumado al supuesto “caso Cabrera” pidiendo incluso la comparecencia del delegado de Gobernación en el Pleno municipal del próximo jueves, al objeto de que responda sobre el incidente y sobre la posterior inspección que realizó la Policía Local –de la que es el máximo responsable Cabrera– en el establecimiento hostelero.

Y en medio, para aderezar más el asunto, unos supuestos insultos racistas que Vox atribuye al delegado de Gobernación, por haber llamado “sudaca de mierda” al encargado del local.

El incidente podría tener hasta cierto interés de no ser porque tan sólo tres días después el concejal mantuvo una reunión con el encargado del Principe.Pico, Roberto Murados, quien confirmó lo que el delegado de Gobernación venía diciendo en los días precedentes: que se le negó la mesa para diez comensales por un error del propio hostelero y que el concejal en ningún momento lo insultó.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, reaccionó a este encuentro con un duro comunicado, en el que calificó de “mafiosa” la reunión de Cabrera con el encargado del restaurante y añadió que se trata de un “episodio propio de un régimen bolivariano”.

Lo que desconocía la concejal es que ese encuentro en ningún momento fue solicitado por el concejal Cabrera, sino que se trató de una iniciativa del abogado Joaquín Moeckel, letrado del restaurante. El abogado recordó a este periódico que fue él quien planteó la reunión y en la misma se pusieron de manifiesto dos cuestiones claves: el error del hostelero al negarle a Cabrera una mesa para diez comensales y, en segundo lugar, que el encargado niega que Cabrera profiriera los insultos racistas. “Si ha habido algún insulto no ha sido por parte del delegado”, aseveró el letrado, que niega igualmente que se haya producido ningún cambio de versión por parte del negocio

"Sería clandestina una reunión de Santiago Abascal con Morante en el hotel antes de torear"

Una semana después del encuentro, Moeckel afirma a este periódico que no hay ninguna “clandestinidad” ni tinte “mafioso” en el encuentro. “De la misma forma se podría tildar de clandestina una reunión del dirigente de Vox Santiago Abascal en un hotel con Morante antes de torear ¿o es simplemente la visita privada a un torero?”, se preguntó con ironía el abogado.

El delegado de Gobernación ha ofrecido explicaciones del suceso asegurando que cuando vio que la mesa que le ofrecieron no se ajustaba a la reservada para diez personas –ocho adultos y dos menores–, el encargado le contestó diciéndole “esto es lo que hay” y en ese momento solicitó la hoja de reclamaciones “como un ciudadano más”.

Cabrera aseguró que fue insultado tras pedir la hoja de reclamaciones “como un ciudano más”

Cabrera, que llegó al local tras haber estado toda la noche atendiendo a las víctimas del incendio en una residencia de ancianos de Santa Justa, sostiene que entonces comenzó a recibir insultos hacia él y a su familia. El concejal pidió que le trataran con respeto y fue un familiar suyo quien llamó al teléfono 112 de emergencias. La llamada fue derivada a la Policía Nacional, pero en el restaurante se presentó la Policía Local entre 30 y 40 minutos después del aviso.

Y precisamente la presencia de la Policía Local en el restaurante es lo que cuestionan los grupos municipales de la oposición. El PP de Beltrán Pérez quiere que Cabrera responda a una veintena de preguntas en el Pleno del jueves, aunque esta petición de comparecencia está a la espera de la postura que adopte Cs en la reunión previa de la junta de portavoces. El PP quiere saber si hubo un “abuso de poder” por parte del delegado durante el incidente, y de ahí que pregunte por el tiempo de respuesta de la Policía Local y el número de agentes que acudieron al aviso.

El delegado tendrá que hacer el paseíllo de los juzgados por la denuncia de Vox

Vox va más allá de los populares y sostiene en la denuncia que el despliegue policial fue “desmesurado y abusivo”, atribuyendo delitos de odio, coacciones, prevaricación, y desorden público.

Con independencia del debate político que pueda generar el incidente, no parece que haya “caso Cabrera” o “caso 6 de enero” –como lo ha bautizado Vox sin mucho ingenio por cierto–, pero lo que sí es seguro es que intentarán explotar al máximo cualquier decisión que pueda proceder del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, al que ha correspondido la investigación.

Cabrera tendrá incluso que hacer con toda probabilidad el paseíllo del célebre callejón de los juzgados de Sevilla hasta que, finalmente, la juez decida lo que parece una obviedad, según lo que conocemos del incidente hasta este momento: que no hay tal “caso Cabrera”. Pero ya se sabe lo que dice el popular refrán... calumnia, que algo queda...