El problema no es nuevo, pero sigue empeorando. La Justicia en Sevilla hace aguas por la falta de medios y el colapso de las jurisdicciones, con unas Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla que no dan abasto para enjuiciar todos los procesos derivados de las macrocausas, o los juzgados de lo Social demorando el señalamiento de las vistas de los pleitos laborales a muchos años vista.

La Justicia lenta no es justicia, según el socorrido aforismo que, en la práctica, se convierte en una cruda realidad que pone de manifiesto el nulo interés de la clase política en mejorar este servicio. Al final los procesos se alargan y alargan, primero en la fase de instrucción, y continúan cuando llegan al tapón que hay en la Audiencia, lo que provoca que el señalamiento de juicios para dentro de tres años vista no sorprenda ya a casi nadie, por mucho que el Tribunal Constitucional haya dado la razón y amparado a los abogados sevillanos que han denunciado el retraso de los procesos laborales.

Esta situación da lugar a que algunos de los juicios se celebren más de diez años después desde que tuvieron lugar los hechos. Son los juicios de la década. No sólo por la relevancia en sí de estos procesos, sino por la demora con la que llegan porque, al tiempo de la celebración del propio juicio, hay que añadir cuándo habrá una sentencia firme, debido a los recursos que caben contra la misma y que vuelven a extender los plazos judiciales.

El último juicio fijado en Sevilla es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Hace tan sólo unos días, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla fijó para el 3 de marzo de 2025, es decir, para dentro de casi tres años el inicio del juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorbis del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un proceso en el que hay 16 acusados, entre ellos una decena de funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía. Esto significa que cuando el juicio arranque habrá pasado una década desde que se adjudicara, en el año 2015, dicho concurso público.

En concreto, el inicio de la vista oral se ha fijado para los días 3 y 4 de marzo de 2025 con las cuestiones previas, y el tribunal ha previsto que se celebren un total de 40 sesiones entre los meses de marzo y julio de ese año.

El juicio por el coste del vertido tóxico

No es el único juicio relacionado con la mina de Aznalcóllar que está todavía pendiente. Más sangrante, si cabe, es el juicio por la demanda que la Junta de Andalucía presentó en el año 2002 contra la multinacional suecocanadiense Boliden, a la que reclama el pago de 89 millones por el coste del desastre ecológico ocurrido en 1998 en las minas de Aznalcóllar.

El señalamiento del juicio por parte de un juzgado de Primera Instancia para el año que viene no es directamente achacable al magistrado que dirige este órgano judicial, sino al tortuoso laberinto judicial que ha atravesado este proceso hasta que finalmente se ha podido establecer un día y una hora para el inicio de las sesiones de la vista oral. Cuando se inicie el juicio, el próximo 4 de julio de 2023, habrán pasado 25 años de la rotura de la balsa minera.

El juicio por la demanda de la Junta contra Boliden arranca 25 años después del vertido

Antes de que se iniciara esta reclamación, hubo una investigación en la vía penal con 25 personas imputadas –entre ingenieros, técnicos, dos funcionarios de la Junta de Andalucía y otro del Instituto Tecnológico Geominero Español (Itge)–, pero la juez que instruyó el caso y la Audiencia de Sevilla concluyeron que no siendo de aplicación en el proceso penal los principios de “responsabilidad compartida” y de “quien contamina paga”, fue “correcta” la decisión de la instructora, que dio carpetazo al proceso al estimar que no hubo una imprudencia grave por parte de los investigados que determinara la catástrofe ecológica.

El juicio contra Boliden del año que viene no tendrá sentencia, previsiblemente, hasta unos meses después, y el fallo será recurrido sin duda ante la Audiencia de Sevilla, ante la que cabe un recurso de apelación, y luego en casación ante el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos, entre unas instancias judiciales y otras pueden transcurrir otros cuatro o cinco años hasta que la Justicia determine si Boliden debe pagar o no esos 89 millones.

De esta forma, un proceso que se inició en el año 2002 puede que no esté definitivamente resuelto hasta 2027 o 2028, es decir, 30 años después de la riada tóxica que se quedó a las puertas del parque de Doñana y que está considerado como uno de los mayores desastres ecológicos acaecidos en España junto al del buque Prestige.

El centenar de piezas de los ERE

Pero volviendo a la Audiencia de Sevilla, preocupa igualmente la situación generada con las macrocausas. Por ahora, sólo se han celebrado desde diciembre de 2017 –cuando se inició el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, la conocida como “pieza política” en la que han sido condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán– un total de seis juicios de la macrocausa de los ERE y otros siete –el octavo está teniendo lugar en la actualidad– del caso Invercaria, relacionados con las ayudas y préstamos concedidos por esta sociedad pública andaluza de capital riesgo.

Desde 2017 sólo se han celebrado seis juicios de los ERE y siete de Invercaria

La macrocausa de los ERE está dividida en más de un centenar de piezas, por lo que se estima que estos juicios seguirán llegando a los tribunales de la Audiencia durante los próximos años. De hecho, el colapso ha provocado que uno de los juicios por las ayudas de los ERE concedida a la empresa Cash Lepe se ha tenido que fijar para septiembre del año 2025.

La macrocausa de Invercaria

En cambio, la macrocausa de Invercaria parece desarrollarse con mayor celeridad, teniendo además en cuenta que son muchos menos los juicios a celebrar, dado que la causa matriz se dividió en una treintena de piezas y el criterio que se ha ido fijando a través de las distintas sentencias parece encaminado a que únicamente serán enjuiciados aquellas ayudas en las que no haya existido un análisis de la inversión por parte de la sociedad pública y que se hayan concedido de forma presuntamente arbitraria por parte de los órganos de dirección de Invercaria.

Desde el año 2011, cuando comenzaron a investigarse las macrocausas en Sevilla, se han abierto otros frentes para los jueces de Instrucción, encargados de la investigación, y para los magistrados de la Audiencia, que tienen encomendado el enjuiciamiento.

Así, con respecto a la denominada macrocausa de los cursos de formación, que se abrió en paralelo a la de los ERE e Invercaria, sólo ha tenido lugar hasta ahora un único juicio, el referente al consorcio Formades, que acabó con una sentencia dictada en junio de este año que condenó a la ex gerente del centro a cuatro años y medio de prisión.

El caso de las facturas falsas de UGT-A

Otro de los juicios más esperados, el del escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, se ha fijado para enero de 2024. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Ángel Márquez, ha fijado el arranque de las sesiones a la ex cúpula de UGT-A para el 14 de diciembre de 2023, día que se ha reservado para la presentación de las denominadas cuestiones previas, mientras que la vista oral propiamente dicha comenzará tras las navidades, el 15 de enero de 2024. Este juicio está previsto que se prolongue hasta el 19 de junio de 2024, con un total de 62 sesiones en estos seis meses.

Los juicios laborales para 2026

Otra de las jurisdicciones que acumulan importantes retrasos en el enjuiciamiento es la Social. La decisión del Tribunal Constitucional de amparar la reclamación de un abogado sevillano por lo señalamientos tardíos sólo ha servido, como parecía lógico, para este caso concreto, porque en la práctica los juzgados de lo Social de Sevilla siguen señalando juicios a tres y cuatro años vista.

El juicio por el caso de las facturas falsas de UGT-A está fijado para enero de 2024

Cuando todavía no ha terminado el año 2022, resulta preocupante que otro juzgado haya fijado para “el 2 de marzo de 2026”, a las diez de la mañana, un juicio por la reclamación de un trabajador contra la Seguridad Social, en relación con la declaración de una incapacidad permanente absoluta.

El problema radica en que la agenda de señalamientos de los juzgados de lo Social de Sevilla no da para más y no permite fechas más cercanas.

En los juzgados de Primera Instancia de Sevilla también se han dado casos en los que el juicio por la reclamación de una cláusula suelo se ha fijado para enero de 2026.

De esta forma, lo extraordinario comienza a convertirse en lo habitual en los juzgados y la Audiencia de Sevilla, cuya demora en la celebración de los juicios podría entrar perfectamente en el libro Guinness de los récords. Muchos de estos casos podrían formar parte de un 'selecto club', el de los juicios de la década.