La enfermedad de un abogado obligó este lunes a aplazar un juicio en un juzgado de lo Social de Sevilla. Lo más llamativo es que el juicio ha quedado aplazado al 6 de marzo de 2023, dentro de tres años y cinco meses.

Se trata del juicio por una sanción de la Tesorería General de la Seguridad Social a un empresario agrícola de la comarca de La Campiña. Seis años va a tardar en resolverse el caso porque la causa judicial está abierta desde 2017 y el empresario avala desde entonces, con su propia vivienda, la sanción de la inspección.

Se trata de una multa de algo más de 89.000 euros por haber dado de alta a una decena de jornaleros fuera de plazo. Para que no hubiera recargo, el empresario tuvo que poner como aval la vivienda donde reside. “Imagínese el trastorno que supone para él seguir otros cuatro años con esta incertidumbre sobre su vivienda”, indican fuentes de su defensa a este periódico.

El colapso de la jurisdicción social es un problema recurrente en Sevilla, donde se ha agravado como consecuencia de la crisis económica. La mayoría de los juicios son por despidos y la vista se celebra cuando el trabajador ha agotado las prestaciones por desempleo.

Tanto el juez decano, Francisco Guerrero, como las Memorias del TSJA vienen advirtiendo desde 2009 de la necesidad de reforzar esta jurisdicción, pero solo se crean una parte mínima de los nuevos juzgados que reclaman en sus informes. La  creación de algunos juzgados nuevos o la adscripción de jueces de refuerzo (cuatro en la actualidad) no parecen haber dado con la solución.

El juez decano dijo en su último informe que en los once juzgados de lo Social de Sevilla se repartieron el año 2018 un total de 14.191 asuntos, lo que representa que a cada juzgado le correspondieron 1.290 asuntos. Esta cifra supone una variación con respecto al módulo de entrada previsto para estos juzgados –que es de 800 asuntos por juzgado y año– del 61,25%.