El Supremo confirma la condena al ex administrador del futbolista Joaquín por apropiarse de 780.000 euros

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla a Eduardo Fernández Triviño por apropiación indebida de 780.000 euros del patrimonio del futbolista del Betis Joaquín mientras fue su administrador entre los años 2003 y 2007. También se ratifica que deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, con 255.900 euros al jugador y con 525.000 euros a una sociedad de la que Joaquín era administrador único.

El Supremo desestima íntegramente el recurso de Fernández Triviño contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, de 25 de julio de 2019, que le condenó por delito continuado de apropiación indebida.

En la misma sentencia, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de la esposa de Fernández Triviño en el momento de los hechos. Así, mantiene como hizo la Audiencia de Sevilla que fue partícipe a título lucrativo del delito de su cónyuge, pero reduce la responsabilidad civil que le corresponde a ella a 176.000 euros, que es la cifra que, según el relato de hechos probados, se empleó en la adquisición para la sociedad gananciales del matrimonio de una vivienda en Marbella el 27 de febrero de 2006 al contado y sin necesidad de financiación.

En un principio, la Fiscalía había cuantificado la cantidad apropiada por el acusado de 1,3 millones de euros y había solicitado cuatro años de cárcel para el procesado, a quien también había reclamado el pago de una multa de 3.000 euros y que indemnice al jugador bético con la cantidad supuestamente apropiada. Esta petición fue rebajada durante el juicio al entender que el acusado se apropió indebidamente de 722.991,03 euros entre los años 2005 y 2007. Por su parte, la acusación particular, que ejerció el abogado Manuel Morales en representación del jugador, elevó a 770.000 euros la cuantía de la apropiación y reclamó seis años de cárcel para el acusado, mientras que la defensa solicitó su libre absolución.

Una relación de amistad y confianza

La Audiencia de Sevilla consideró probado que, desde finales de 2003 y hasta febrero de 2007, el futbolista mantuvo una "estrecha" relación de amistad con el acusado, "en quien depositó una absoluta confianza" y le encomendó la gestión de sus negocios y asuntos, "tanto personales como profesionales", acordando otorgarle a cambio unos honorarios de 3.000 euros mensuales.

Durante el juicio, la esposa del jugador bético, Susana Saborido, declaró ante los magistrados que "toda" la gestión de sus asuntos las llevaba su antiguo administrador, Eduardo Fernández Triviño, que era la "persona de confianza" de su marido y quien gestionaba la sociedad Chino Seventeen, que Joaquín creó en 2003 y en la que el administrador tenía "poderes absolutos". Su marido "hacía lo que le decía Eduardo, porque creía que estaba en buenas manos" y era muy joven, ha subrayado.

De hecho, el jugador otorgó en nombre propio y en el de la entidad que administraba tres poderes notariales a favor del condenado, mientras que, "con la misma finalidad de facilitar la gestión de sus asuntos y a petición expresa del acusado", Joaquín abrió dos cuentas bancarias a nombre suyo y de su sociedad, respectivamente, autorizando en ellas al encausado desde el 3 de noviembre de 2004 hasta el 15 de octubre de 2007.

"Aparte del acusado y de Joaquín nadie más podía disponer de los fondos de las cuentas bancarias" mencionadas, asegura el tribunal, que precisa que, durante el tiempo en el que duraron estas relaciones entre 2003 y 2007. El acusado "hizo un uso asiduo de los poderes y facultades conferidos, ejercitó la gestión de los asuntos de Joaquín que había asumido, intervino en numerosos actos y contratos, en la gestión bancaria de gastos y operaciones comerciales de éste y su familia, ordenó transferencias, disposiciones de efectivo, y libró pagarés o cheques contra otras cuentas de Joaquín o de terceros".