Groenlandia en el centro del nuevo orden global: ¿Qué busca Donald Trump?

Groenlandia, la isla más grande del mundo, ha pasado en apenas unos años de ocupar un lugar marginal en la política internacional a convertirse en una de las piezas más codiciadas del nuevo orden global. Su posición estratégica en el Ártico, el acelerado deshielo que abre nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos naturales críticos han revalorizado un territorio históricamente aislado. En este contexto, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha reactivado una política exterior basada en la presión directa y el unilateralismo, situando a Groenlandia en el centro de una confrontación diplomática sin precedentes entre Washington, Copenhague y el conjunto de Europa.

Desde la Casa Blanca, Trump ha defendido que Groenlandia es esencial para la seguridad nacional estadounidense, tanto como enclave militar como barrera estratégica frente a la creciente presencia de Rusia y China en el Ártico. Sus declaraciones, en las que ha llegado a insinuar que Estados Unidos podría hacerse con el control de la isla “por las buenas o por las malas”, han supuesto un punto de inflexión, al cuestionar abiertamente la soberanía de Dinamarca sobre el territorio y el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro.

Una isla forjada por el aislamiento y la resistencia

La historia de Groenlandia está marcada por el aislamiento extremo y por la capacidad de resistencia humana en uno de los entornos más hostiles del planeta. Los primeros pobladores llegaron hace más de 4.000 años, antepasados de los actuales inuit, que desarrollaron una cultura profundamente adaptada al hielo, al mar y a los ciclos naturales. Durante siglos, estas comunidades vivieron prácticamente al margen del resto del mundo, organizadas en pequeños asentamientos autosuficientes.

El primer contacto europeo documentado se produjo en el siglo X, cuando los vikingos liderados por Erik el Rojo establecieron varios asentamientos en el sur de la isla. Aquellas colonias nórdicas sobrevivieron durante generaciones, pero acabaron desapareciendo, probablemente como consecuencia del enfriamiento climático, la dificultad de mantener vínculos comerciales con Europa y el progresivo aislamiento. Tras su abandono, Groenlandia volvió a quedar fuera del radar de las potencias europeas durante siglos.

Colonización danesa y control externo

No fue hasta el siglo XVIII cuando Dinamarca consolidó su presencia en Groenlandia, iniciando un proceso de colonización formal que integró la isla en el Reino danés. Durante más de doscientos años, Groenlandia fue administrada como una colonia, con decisiones políticas, económicas y sociales tomadas desde Copenhague. La población local quedó al margen de los centros de poder, mientras se imponían modelos administrativos, culturales y económicos ajenos a su realidad.

Este pasado colonial explica en gran medida la sensibilidad actual ante cualquier intento de control externo. Aunque en 1953 Groenlandia dejó oficialmente de ser una colonia y pasó a formar parte del Reino de Dinamarca, la autonomía real fue limitada durante décadas. No sería hasta finales del siglo XX cuando las demandas de autogobierno comenzaron a traducirse en cambios políticos significativos.

De la autonomía al derecho a decidir

En 1979, Groenlandia obtuvo su primer estatuto de autogobierno, que le permitió gestionar competencias clave como la educación, la sanidad y los asuntos sociales. En 2009, un nuevo estatuto amplió de forma decisiva esas competencias y reconoció explícitamente el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación, así como el control sobre sus recursos naturales. Este punto es central en el contexto actual, ya que convierte a Groenlandia en actor principal de cualquier negociación sobre minería, energía o infraestructuras estratégicas.

Desde entonces, el debate sobre una eventual independencia ha ido ganando peso en la sociedad groenlandesa, aunque condicionado por la fuerte dependencia económica de Dinamarca. Este equilibrio delicado explica por qué las presiones externas, y especialmente las procedentes de Estados Unidos, generan un rechazo transversal entre partidos y ciudadanía.

Un interés estratégico que se convierte en amenaza

El valor estratégico de Groenlandia se ha disparado en el siglo XXI. Bajo su superficie se concentran importantes reservas de tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, la transición energética y el sector militar. A ello se suma el progresivo deshielo del Ártico, que abre rutas marítimas capaces de transformar el comercio global. Controlar Groenlandia significa, en la práctica, controlar una de las grandes llaves del futuro económico y geopolítico mundial.

Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla desde la Segunda Guerra Mundial, cuando estableció bases para frenar una posible expansión alemana en el Atlántico Norte. Durante la Guerra Fría, Groenlandia fue un pilar del sistema defensivo occidental frente a la Unión Soviética. Sin embargo, lo que durante décadas se articuló como cooperación estratégica ha derivado, bajo Trump, en un discurso de presión que muchos interpretan como una reedición contemporánea de viejas lógicas coloniales.

La respuesta de Dinamarca, Groenlandia y Europa

Ante esta escalada, Dinamarca y Groenlandia han reaccionado con una firmeza poco habitual. Copenhague ha reiterado que la soberanía sobre la isla no es negociable, mientras que el Gobierno groenlandés ha subrayado que su historia está marcada precisamente por siglos de decisiones impuestas desde el exterior y que no aceptará un nuevo tutelaje, esta vez procedente de Washington.

En el conjunto de Europa, la preocupación va más allá del caso concreto de Groenlandia. Varios gobiernos temen que un intento de anexión o control forzado por parte de Estados Unidos siente un precedente peligroso, erosione los principios del derecho internacional y provoque una fractura profunda dentro de la OTAN, una alianza basada teóricamente en la cooperación entre iguales.

Venezuela: golpe militar y captura de Maduro

La política de fuerza de la administración Trump no se ha limitado al Ártico. A comienzos de 2026, Estados Unidos lanzó una operación militar directa en Venezuela que culminó con ataques selectivos sobre infraestructuras estratégicas y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a territorio estadounidense para ser procesados por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Trump presentó la operación como un golpe decisivo contra lo que calificó como un “narcoestado”, pero la intervención reavivó viejos fantasmas en América Latina y recordó el historial de injerencias estadounidenses en la región, generando una fuerte reacción política y diplomática.

Polémica internacional y acusaciones de violación de soberanía

Numerosos países denunciaron la captura de Maduro como una violación flagrante de la soberanía venezolana y del derecho internacional. Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre las consecuencias humanitarias de la intervención, mientras analistas subrayaron que el control de los recursos energéticos venezolanos sigue siendo un elemento central en la política exterior de Washington, en una lógica que guarda paralelismos con el interés mostrado por Groenlandia.

Irán, el siguiente foco de tensión

En paralelo, Irán se ha consolidado como otro de los grandes focos de tensión internacional. Trump ha endurecido su discurso y ha asegurado que su administración estudia seriamente una posible intervención, acompañando las amenazas militares con nuevas sanciones económicas y la advertencia de imponer aranceles del 25 % a los países que mantengan relaciones comerciales con Teherán. El Gobierno iraní ha denunciado estas medidas como una estrategia deliberada de provocación destinada a justificar una escalada.