La doble cara del Derecho Internacional en Venezuela

Hace tan solo unas horas que se han hecho públicos los datos generales de la detención y secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, por parte de un grupo de élite norteamericano, dentro de su propio territorio y su conducción fuera de Venezuela. La excusa es su puesta a disposición ante jueces de tribunales de Nueva York, por cargos penales.

La oleada de reacciones espontáneas ciudadanas, sobre todo en los medios digitales y en las redes sociales, y las razonables manifestaciones de la diáspora venezolana, contrasta con las tímidas comunicaciones oficiales. Las opiniones ciudadanas no sólo son legítimas sino necesarias, incluso las más viscerales. Las de los Estados deben ser adecuadas y defensoras del orden internacionales porque el Derecho es el único instrumento civilizador del que dispone la humanidad para garantizar su propia supervivencia.

Hay que comprender la legítima prudencia diplomática hasta conocer los hechos, sin embargo, cuando se trata de la ruptura unilateral del Derecho, no es esperable ninguna justificación para reaccionar invocando la legitimidad jurídica.

Por eso, duele el silencio de las organizaciones internacionales competentes, especialmente la OEA y la ONU.

Como es bien conocido, el actual sistema jurídico internacional hunde sus raíces, precisamente en la mayor ruptura del orden internacional que ha habido en la historia reciente: la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invadió Polonia, Francia y el Reino Unido declararon inmediatamente la guerra a Alemania; la Unión Soviética, por el contrario, invadió la parte oriental de Polonia y se repartió el territorio con Alemania, creyendo que los apetitos expansionista alemanes se quedarían en Polonia y Estados Unidos, aun condenando la invasión, se mostró indulgente hasta que Japón no le hizo entrar en razón con el ataque a Pearl Harbor, ya en 1941.

En 1939 el orden internacional institucionalizado en la Sociedad de Naciones fue denostado, ridiculizado por los hombres de Estado y por los periodistas de la época, por lo que terminó disolviéndose, por su incapacidad para preservar la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, su mayor fracaso (la Segunda Guerra Mundial) fue también su mayor logro. Los estadistas de aquella época se dieron cuenta de la necesidad de otra Sociedad de Naciones porque era un elemento civilizador de las relaciones internacionales. Por eso, precisamente por eso, se vieron abocados a crear una organización internacional “bis” de la Sociedad de Naciones que llevaría el nombre de Organización de las Naciones Unidas (ONU), que diera esperanza a la humanidad y que regulara los mecanismos para garantizar la paz y seguridad internacionales.

Es verdad que en esta nueva organización, los triunfadores de la guerra se ocuparon de privilegiar sus réditos militares. Su posición en el Consejo de Seguridad, encargado precisamente de la paz y seguridad internacionales, les permitió un escaño de miembro permanente, con un procedimiento en la toma de decisiones que fuera respetuoso con sus intereses, estratégicos o no.

Sin embargo, ese traje a medida de aquella época, tiene ya las costuras reventadas. No es previsible que se pueda garantizar la paz y seguridad si hay acciones unilaterales de las grandes potencias que puedan ignorar el derecho sin reacción legítima del Consejo de Seguridad, por la parálisis que provocaría el ejercicio del derecho de veto. Esto lo saben Rusia, Estados Unidos, China y en menor medida el Reino Unido y Francia.

Otras organizaciones internacionales también fueron después diseñadas a imagen y semejanza de los principales actores estatales del orden internacional. Pensemos en las organizaciones regionales (como la OEA, la OTAN, el Consejo de Europa, el Pacto de Varsovia), en la Corte Penal Internacional y tantas otras.

Todos podemos recordar cómo Rusia invadió Crimea en 2014 y después el Donbas en 2022, sin apenas reacciones institucionalizadas. También hemos visto ataques directos contra Estados, por parte de los Estados Unidos contra Siria, Yemen, Irán y otros lugares, con el silencio cómplice de la comunidad internacional.

Ahora, Estados Unidos invade Venezuela, contraviniendo las más elementes normas del Derecho Internacional. No se trata tan solo de la violación de la Carta de Naciones Unidas sobre la prohibición del recurso a la fuerza o a la amenaza de la fuerza o de la violación del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, ambas normas flagrantemente violadas. Se han violado otras normas largamente instauradas y asentadas en el Derecho Internacional por su valor supremo como la inmunidad de los Jefes de Estado, o las normas que regulan los espacios marítimos y las acciones que pueden o no llevar a cabo los Estados, sobre todo en los espacios ajenos, sean de otros Estados o en espacios internacionales.

Lo que siempre me ha sorprendido es que los Estados justifican sus acciones antijurídicas, precisamente en el Derecho Internacional que viola: ahora en Venezuela han sido la legítima defensa, la lucha contra el narcotráfico, la necesidad de proteger a sus ciudadanos, la defensa de la democracia o de los derechos humanos, incluso de los venezolanos y un largo etc.

No seré yo quien defienda un gobierno como el de Maduro que, además de antidemocrático, es cleptómano, corrupto y, probablemente ilegítimo. Sin embargo, no deberíamos tolerar que, de forma unilateral se bombardee un Estado, se detenga en su propio territorio a su Jefe de Estado, se tomen medidas desproporcionadas e ilegales en los espacios marítimos y aéreos de otros Estados y espacios internacionales de los mismos, etc. etc. Por mucha justificación jurídica a las que se acojan sus perpetradores.

Es la doble cara del Derecho Internacional que debe combatir el propio Derecho Internacional, que no dispone de gobierno centralizado o de fuerzas armadas globales, a diferencia de los ordenamientos internos. Por ello, hay que disuadir las soluciones verticales e incentivar las soluciones horizontales como la persuasión y la cooperación multilateral.