Gonzalo Urquijo, ex presidente de Abengoa y de Abenewco 1.

Gonzalo Urquijo, ex presidente de Abengoa y de Abenewco 1. / A. G.

Un conocimiento profundo de lo ocurrido en Abengoa desde septiembre de 2015 a la actualidad lleva a plantearse si realmente desde que naufragó la ampliación de capital planteada aquel verano por la destitución de Felipe Benjumea Llorente (según declaró probado una sentencia firme de la Audiencia Nacional) en algún momento se planteó un rescate real para la compañía fundada hace 80 años por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

Los accionistas de la compañía afirman que no. Y lo hechos parecen avalarlo. A inicios marzo pasado, la sindicatura Abengoshares denunció el “expolio” de la compañía por parte de los acreedores que tenía el grupo cuando en noviembre de 2015 se declaró en preconcurso de acreedores. Sostuvieron que la compañía había sido sangrada con intereses y comisiones que no habían permitido el salvamento real del negocio.

No era la primera voz de alarma. El accionista de referencia histórico de la compañía, Inversión Corporativa (IC), la sociedad con la que las familias fundadoras de Abengoa gobernaron la sociedad hasta 2015 –y que en 2017 sufrió, como todo el capital, una dilución del 95% redujo su participación del 50,548% al 2,536%–, ya había acudido a los tribunales para denunciar en esencia lo mismo. Primero en junio de 2020, con una querella ante la Audiencia Nacional, y posteriormente en octubre del mismo año, en los juzgados penales de Sevilla, una vez que el juez instructor designado se declaró no competente, no sin señalar que apreciaba indicios de delito. Esa querella, que admitida a trámite instruye la juez Reyes Flores Canales, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, acaba de conocerse que se amplió en julio pasado. La magistrada tiene pendiente dos decisiones respecto a la misma: la admisión de la ampliación y la petición de la Fiscalía de que se inhiba en favor de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. 

IC ha ido denunciando la acción de los administradores de Abengoa conforme fue conociendo y comprendiendo lo que realmente se hizo en la compañía, que es totalmente distinto, sostienen con evidencias, a lo que se decía desde la cotizada al mercado de valores, a sus accionistas y al propio Gobierno del Reino de España, que ha sido parte activa de la reestructuración. Primero, IC consideró delictiva la segunda reestructuración, pero luego, conforme fueron apareciendo evidencias y documentos, algunos revelados por la investigación periodística hecha por los diarios de Grupo Joly, lo que ha denunciado es un “plan preconcebido” para liquidar la compañía que fue presentado como un rescate financiero, con lo que se habría estafado, de ser considerado probado lo denunciado por los tribunales, primero a los accionistas preexistentes a la primera reestructuración y a los que entraron al capital cuando los acreedores financieros vendieron casi la totalidad de las acciones que tenían por la capitalización de deuda.

¿A dónde fue el dinero?

Lo que sostiene la querella ampliada es que Abengoa nunca recibió los 1.169 millones de refinanciación. Que el dinero se quedó en una estructura societaria ajena a la compañía creada en Luxemburgo, ABG Orphan Holdco, a la que además se le dio el control de los principales activos de la compañía, y se ocultó quiénes eran los supuestos financiadores y beneficiarios de los fuertes intereses y comisiones cobrados por prestar el dinero, ya que se apantallaron tras la fundación que el Grupo Joly desveló en marzo pasado que era el dueño del entramado luxemburgués, Stichting Seville.

Según un peritaje elaborado para la ampliación de la querella, de los 1.169 millones de euros que se dijo a los reguladores de los mercados (Abengoa también cotizaba en EEUU), sólo hay noticia de que se entregaran a ABG Orphan Holdco 1.139 millones (correspondiente de los tramos del New Money uno y dos, dado que el tercero, de 30 millones no costa dónde fue a parar). Pero de ese dinero, sostiene el perito y los querellantes, sólo una mínima parte llegó a Abengoa para que se refinanciara: 132,9 millones de euros. Apenas el 11,36% de la financiación prometida. Aunque se pagaron intereses y comisiones por el 100% de la refinanciación. Y el dinero además, básicamente, tuvo como destino los dos principales activos que controlaban los acreedores desde Luxemburgo: Atlantica YIeld y la planta de cogeneración mexicana A3T. Ninguno de los dos es ya parte del grupo Abengoa. 

Atlantica se vendió precipitadamente, a tiempo para que el entonces presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, cobrase un cuantioso incentivo variable. Y la planta A3T se la adjudicó el Banco Santander, al ejecutar una call option el día previo a que los accionistas destituyesen a Urquijo en la matriz y que se hizo efectiva el mismo día que dimitió como presidente ejecutivo de la filial operativa, donde permaneció del 17 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021. Renunció, según anunció en un comunicado, porque daba por fracasado el tercer rescate que emprendía, y que realmente era la culminación de la liquidación de la matriz.

De ese dinero, los 1.169 millones, el Gobierno español puso 200 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y fue el único de los acreedores que no vendió sus acciones, obtenidas por capitalización de deuda, a finales de marzo y comienzos de abril de 2017. De hecho, el Ejecutivo es todavía el mayor accionista individual de Abengoa, con el 3,152% del capital, que también perdería si se liquida la matriz.

Y todo ello fue así porque se ejecutó un rescate distinto al comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es el único aprobado en el consejo de administración y en la junta general de accionistas del Abengoa, el que elaboró la consultora Álvarez & Marsal. Pero la querella sostiene, y documenta, que el plan que se ejecutó fue otro completamente distinto, elaborado por la empresa que defiende los intereses de los acreedores financieros (los comerciales también habrían sido claramente perjudicados), Houlihan Lokey. Y para asegurarse que todo se ejecutaba conforme a ese plan, un vicepresidente de esa compañía, Christian Anders Digemose, fue administrador del grupo en al menos Abengoa Concessions International Limited (ACIL) y dirigió tanto ABG Orphan Holdco como Stichting Seville.

Razones para la personación

Toda esa nueva información ha trascendido porque IC y otros 64 accionistas han presentado un complemento al orden del día de la junta general convocada para el 15 de noviembre, o el 16 si no se reúne la víspera el 25% del capital social, en el que piden que los accionistas voten la personación de la compañía como perjudicada en esa querella, que develaron además que había sido ampliada.

Y es que no sólo los accionistas serían perjudicados por la ejecución de estas reestructuraciones “falsas”, como las califican los propietarios, sino la propia compañía que no habría tenido ninguna opción de salvarse y caminaría hacia la liquidación, ahora por la vía del concurso de acreedores solicitado en febrero de este año.

Y ahí reside una de las principales razones para la personación. Sin que la compañía se presente como perjudicada y se ponga a colaborar con la justicia para dar todas las pruebas que tenga a su alcance, las posibilidades de un rescate real y cierto parecen si no imposibles, remotas. Considerando que la oferta de Terramar Capital, impulsada por los mismos acreedores, supone la separación de lo que queda del grupo de la matriz y su probable despiece. El propio administrador concursal, EY Abogados, por boca de su principal representante, Guillermo Ramos, ya ha dicho que la intención es liquidar Abengoa SA este mismo año.

Por eso la junta de accionistas de noviembre es prácticamente la última oportunidad que tienen los accionistas de salvar la empresa y, con ella, su inversión. Con la compañía personada en el ámbito penal, y actuando en el concurso en favor del interés del salvamento de la compañía y no sólo en el de los acreedores que la han puesto en esta situación, podrían desandarse las reestructuraciones, que precisamente fueron homologadas por el mismo juez del concurso, el magistrado Miguel Ángel Navarro, pero conforme a lo que planeo Álvarez & Marsal y no Houlihan Lokey.

La junta es de vital importancia no sólo porque, si se acepta el complemento, algo que se espera para esta semana, se pueda votar la personación en la querella, sino porque se vuelven a someter a votación las cuentas del ejercicio de 2019.

Ese año es crucial, porque es en el que se ejecuta la segunda reestructuración, que dio de nuevo a los acreedores a cambio de muy poco dinero, la posibilidad de convertir la deuda que hay, pese a que no se entregó el dinero según los querellantes, en acciones por el 100% de las filiales interpuestas entre Abengoa SA y las empresas del grupo que desarrollan el negocio. Es el ejercicio en el que sitúa a la matriz en causa de disolución y se provoca, en base a un informe de valoración, la situación que llevó a pedir el preconcurso en agosto de 2021 y el concurso, dicen los accionistas que sin que fuese necesario, en febrero de 2021, como medio para evitar la junta del 3 y 4 de marzo en la que Abengoshares debía tomar el control, a tiempo todavía para un rescate por la vía societaria. Esa decisión la adoptó el consejo integrado por Juan Pablo López-Bravo Velasco y Margarida de la Riva Smith, quienes traicionaron a los accionistas que los eligieron y han permitido que los acreedores sigan con su plan de liquidación hasta un punto que quizás sea ya irreversible. 

Pese a que ese control se demoró seis meses más, y que no es completo porque ni tienen mayoría en el consejo de la filial operativa, Abenewco 1, ni tienen todos los derechos económicos y políticos, otorgados al administrador concursal en un cambio de régimen pactado con los administradores en junio, entonces Juan Pablo López-Bravo Velasco y Cristina Vidal Otero, el actual consejo de la matriz, presidido por Clemente Fernández González, busca un rescate alternativo, que asegure la supervivencia del grupo y de su matriz. Trabajan contrarreloj en lograr una oferta que incluya a los accionistas para reflotar una empresa que se derrumba por el deterioro al que se la ha sometido en los últimos años, y sobre todo, en los ocho meses que lleva en concurso la matriz.

En ese contexto, la gran duda para los accionistas es qué hacer con las cuentas del ejercicio 2019. En ese año también se incluyó la sociedad interpuesta Abenewco 2 Bis, que dificultaba llegada de beneficios a la matriz. Igualmente, conforme a la reestructuración aprobada ese año el Banco Santander se adjudicó el último gran activo valioso que le quedaba al grupo, el A3T, por lo que validar las cuentas podría utilizarse como aval a esa adjudicación.

La prudencia aconsejaría, por ello, no validarlas hasta no tener un plan de rescate real asegurado e incluso estudiar la necesidad de reformularlas porque se pidiese la rescisión de los actos realizados en perjuicio de la concursada, lo que puede hacerse con la segunda reestructuración porque está dentro del plazo de dos años que prevé la ley.

El papel del Gobierno y del juez concursal

En todo este proceso será clave qué actitud adoptan el Gobierno y el juez del concurso, porque, respetando la presunción de inocencia, habrían sido también engañados al formar parte de los rescates que la querella considera delictivos por mentir al mercado y estafarle. El Ejecutivo porque participó como acreedor y el juez porque homologó las reestructuraciones según la información que la trasladaron y que, según los querellantes, no se correspondía con lo anunciado.

En su mano estará que la desintegración de Abengoa SA no se produzca en pocos meses, y que los acreedores hayan culminado su plan de liquidación ahora y no en 2015 o 2016, tras haber cobrado intereses y comisiones millonarias y haber vendido acciones de una empresa que pretendían ya liquidar, si todo lo que dice la querella es cierto.

Si el Gobierno y el juez son conscientes de que la empresa se ha personado en la querella y que todo lo hecho desde 2016 estaría sujeto a que la justicia penal lo valide o anule, podrían dar tiempo para evitar la liquidación y que Fernández y sus consejeros intenten, esta vez sí, un rescate real de Abengoa, donde sigue trabajando todavía miles de personas.

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