Accionistas de RTVE

LA corriente nos lleva a creer que las privatizaciones son un acierto, y las nacionalizaciones un despropósito. Los intereses de los accionistas de una sociedad anónima se convierten en cuestión de Estado, algo que contrasta con la ligereza con la que, desde las instancias gestoras del mismo Estado, se habla de enajenar bienes y servicios públicos. No se dice, en este caso, que se están poniendo en juego los intereses de un accionariado formado por el conjunto de los ciudadanos. El capital público tiene mucho que ver con la soberanía, con el patrimonio común y hasta con la patria...

Aguirre justifica la posible privatización de Telemadrid con un razonamiento simple. La gestión de los medios públicos está bien para "los tiempos de Franco, de los dictadores o los regímenes totalitarios", pero hoy debe estar en manos privadas. Se ampara en el principio normativo que impide el déficit [en el conjunto de una Administración], y como las televisiones autonómicas son deficitarias, hay que privatizarlas... La lógica es aplicable a Televisión Española, a un hospital, a un museo o a una universidad, y en ello se simula ignorar, más allá de las cuentas de resultados, el concepto de rentabilidad social de las empresas y servicios públicos, que es compatible con la contención del gasto.

Ante algunas manifestaciones del nuevo tiempo, parece que la lógica de la historia ha sido pasada a cuchillo por una caballería desbocada, que no sólo recorta salarios y destruye empleo, sino que mete la tijera en el escenario de la democracia y las libertades públicas, favoreciendo el cultivo de las peores patologías del poder. Probablemente, en Madrid, donde Aguirre es acunada con una sinfonía mediática escorada a la derecha, asimétrica respecto del centro político, Telemadrid sobre para ella, pero no puede olvidar ahora el uso que, durante una década, ha hecho de ella.

Preocupa el acoso sobre RTVE. La eterna demanda de independencia, una vez que se había logrado, ya no sirve. Ahora se corre el riesgo de retornar a la vieja privatización gubernamental. Esto es, convertir el medio público, creado para atender el derecho a la información de los españoles, en una maquinaria de propaganda, y hacerlo más cercano a las prácticas autoritarias que aborrece Aguirre.

Si a la proverbial parquedad comunicativa del Ejecutivo, acreditada en el "estamos haciendo lo que tenemos que hacer", sigue un cerrojazo informativo en RTVE, empresa de la que todos somos accionistas, la degradación democrática provocada terminaría por pasar al Gobierno una factura muy elevada, que parece no haber calculado bien.