EL nuevo misil político ideado por el Gobierno para asegurar la cooperación de las diferentes administraciones públicas con los compromisos de consolidación presupuestaria adquiridos frente a Bruselas y Berlín se llama intervención de las autonomías. Se trata de una medida final que sólo se pondrá en marcha si hay fallos en toda una batería de circunstancias previas, una especie de botón rojo que activa una maquinaria concebida para desalojar temporalmente de sus poderes financieros a los gobernantes autonómicos irresponsables, aunque se confía en que nunca llegue a ser precio pulsarlo. Para defenderse de las acusaciones de estar llevando a cabo una estrategia de contenido exclusivamente ideológico con el fin de debilitar el estado de las autonomía, el Gobierno se cubre con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y las Cortes Generales, que en última instancia tendrán que dar el visto bueno a las operaciones, pero dónde cuentan con mayorías suficientes como para garantizar que cualquier iniciativa en este sentido conseguirá prosperar hasta sus últimas consecuencias. La nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Ministerio de Hacienda propondrá cada año los objetivos de déficit y deuda pública de las comunidades autónomas, que a su vez deberán remitir al CPFF antes del 1 de agosto su techo de gasto y antes del 1 de octubre su proyecto de presupuestos. La administración central tendrá 15 días para aceptarlo o corregirlo y toda una batería de mecanismos para imponer un estrecho marcaje sobre el cumplimiento de las comunidades con los objetivos de estabilidad fijados en el periodo anterior. Si no fuera el caso, se inicia un procedimiento que incluye medidas de corrección, coacción e intervención.

Las medidas de corrección se activan si la comunidad autónoma desatiende las advertencias sobre la inminente superación de los objetivos de deuda establecidos y consisten en provocarles una situación de asfixia financiera mediante la prohibición de nuevo endeudamiento, la suspensión de convenios y subvenciones o la intervención sobre los tributos cedidos. Las comunidades no tendrán más remedio que cooperar con el Estado si pretender sobrevivir y para ello se verán obligadas a realizar votos de buen comportamiento en forma de planes de corrección del problema. Las medidas de coacción se activan si la comunidad no presenta su plan o lo incumple y se inician un "acuerdo de no disponibilidad", es decir, con el anuncio de la parte del presupuesto que no se va a gastar. Además habrá multas y la obligatoriedad de depositar en el Banco de España una cantidad equivalente al 0,2% del PIB, además de un primer desembarco de expertos que deberán presentar un informe con las medidas que deben ponerse en marcha para una corrección definitiva de la situación. La fase de intervención, que se supone similar a lo ocurrido en el caso de Grecia, Portugal o Irlanda, se pone en marcha si falla todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Constitución.

Todo un programa de intervención que golpea al sistema autonómico en su línea flotación financiera y que tiene como elemento más atractivo el desarrollar un mecanismo que penalice a los gobernantes imprudentes o insolidarios con los objetivos comunes, pero que también adolece de dos deficiencias congénitas importantes. La primera es que nace acusando falsamente a las comunidades autónomas de los problemas financieros de la economía española y, en particular, del conjunto de las administraciones públicas. "Si hay dudas sobre España es por culpa de las comunidades y las corporaciones locales", afirmaba el ministro Montoro durante la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aunque se trate de una falsedad ampliamente contestada desde diferentes foros, como el propio Wall Street Journal, que acusaba al gobierno de pretender levantar una cortina de humo ante la cada vez más extendida imagen internacional de que el Gobierno de España no consigue encontrar en su programa de reformas los resortes necesarios para impedir un largo periodo, posiblemente no inferior a los dos años, de depresión económica. El último ha sido el profesor Francisco Pérez, del IVIE, que en su intervención del pasado jueves en el Observatorio Económico de Andalucía apuntaba que a las comunidades autónomas no sólo cabe atribuirles apenas un 17% del total del endeudamiento público, sino también que la mayor parte del incremento de los últimos años ha correspondido a la administración central, sin que valgan las excusas de que el aumento podría estar relacionado con la financiación del gasto autonómico.

La segunda deficiencia es el impulso de un movimiento revisionista del estado de las autonomías, con un decidido, y probablemente también irresponsable, protagonismo político de Cristobal Montoro y Esperanza Aguirre. Aprovechar las dificultades financieras para justificar una involución política de contenido puramente ideológico y, como era de esperar, las primeras reacciones no se han hecho esperar. Entre ellas hay que destacar a Durán i Lleida, que vuele a reclamar un estado asimétrico similar al dibujado en la Loapa y que vuelve a dejar fuera a Andalucía. Es probable que si se continúa en esta dirección se esté ofreciendo una nueva oportunidad al PSOE e IU para definir con precisión su compromiso con Andalucía, se corten nuevamente las posibilidades al PP de conseguir alguna vez gobernar en Andalucía y a que hasta el andalucismo vuelva a encontrar argumentos poderosos para abandonar su lamentable estado de postración actual.