Esta semana se ha hecho pública una estimación de Fedea sobre el cumplimiento del objetivo de déficit de las CCAA (1,5% en 2012), dentro de la cual Andalucía está razonablemente bien situada, ya que la previsión sería de 1,8% con datos del primer semestre y es posible alcanzar el objetivo, habida cuenta del ajuste realizado hasta agosto en gastos corrientes en bienes y servicios (-24%) y en gastos de personal (-5%). También esta semana la vicepresidenta del Gobierno ha hecho una seria advertencia claramente dirigida a Cataluña y Valencia, que se traduce en que no habrá contemplaciones de ningún tipo y que el Gobierno no dudará en utilizar la capacidad coactiva y aún de intervención que le faculta la Constitución.

El presupuesto andaluz de 2013 está diseñado para cumplir debidamente con las obligaciones establecidas en cuanto a deuda y déficit, aunque pudieran ser quizá optimistas las estimaciones de los ingresos fiscales y de la caída del PIB. Creo que la nuestra es la comunidad cuyos gobernantes se enfrenta a la mayor dificultad a la hora de abordar los ajustes absolutamente imprescindibles en el gasto público. Esta dificultad deviene de varios factores, el primero de ellos es de carácter ideológico -el papel que se le asigna al gasto público en el pensamiento socialista-; el segundo es la propia composición del Gobierno, con un socio de, digamos, pensamiento socialista reforzado; el tercero, perdonen que insista, es que la ausencia de información sobre los resultados efectivos de los programas presupuestarios impide eliminar aquellos más que aparentemente inútiles porque carecemos de la información que lo justifique de un modo inobjetable, por eso solamente menguan sus recursos. Y el cuarto factor es la dependencia que del presupuesto tienen numerosos grupos de interés de todo tipo, algunos de los cuales son -o, más bien, fueron- muy influyentes en las asignaciones de gasto a lo largo del tiempo.

En el gasto público existe una inercia irreflexiva favorable a la continuidad de iniciativas establecidas en el pasado y, lo que es peor todavía, al mantenimiento de algunas políticas que se suponen efectivas por su propia naturaleza y denominación, y de otras que se acomodan a una particular interpretación de los fines del gasto público.

En cuanto a la primera inercia, los ejemplos son frecuentísimos en la Memoria del Presupuesto 2013 y cualquier lector puede identificarlas. De la segunda quizá el mejor caso sea el de las políticas activas de empleo -un fracaso sin paliativos aquí y en casi cualquier lugar de la piel de toro-, que han beneficiado más a sus agentes intermediarios que a los destinatarios finales, y a este fracaso debería añadirse buena parte de la política de centros tecnológicos y pseudomedios de innovación repartidos por el territorio, si bien haya que reconocer la desaparición de los agentes aconsejadores de empleo, por una parte, y de la red de agentes tecnológicos de Andalucía por otra, todo un monumento a la ingenuidad en el diseño de política tecnológica. Y en cuanto a la tercera inercia, una particular interpretación moral de los deberes de un Gobierno, el mejor ejemplo es el programa de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Daré sólo unos datos de éste último para ilustrar el caso. Desde 2005 a 2012 hemos destinado 541,4 millones de euros a cooperación exterior, a los que se sumarán los 44 millones de euros previstos para 2013. Es decir, nos gastaremos en este propósito lo aportado por 14.923 declarantes de IRPF (declaración promedio de 2010), lo cual debe llamar a reflexión aunque los impuestos no sean finalistas. Este gasto ha sido una fracción de los presupuestos correspondientes, es cierto, pero esto no justifica la solidaridad forzosa a la que se obliga a los contribuyentes andaluces porque no hay un resultado efectivo en términos de imagen-comunidad ni en términos de facilitación a complementarios o ulteriores iniciativas empresariales, asunto éste que era yuyu para la consejera responsable cuando se diseñó la cooperación a principios de los años noventa. No dudo de que haya habido muchas personas beneficiarias, además de los cooperantes profesionales, pero la verdad es que nuestro esfuerzo es irrelevante en términos agregados. En 2010 el porcentaje de lo aportado por Andalucía respecto a la ayuda internacional percibida por los países objetivo osciló entre el 0,02% en Colombia y el 2,77% en Ecuador. En Marruecos, el principal destino del gasto de ese año -después del realizado aquí mismo-, significamos el 0,68% de la ayuda exterior que recibió.

La Agencia de Cooperación es, en sí misma, un caso demostrativo de la teoría de la expansión del Universo. Contaba en la última memoria que he consultado nada menos que con seis unidades especializadas, debidamente apoyadas por nada menos que 14 departamentos, oficinas en el exterior y ocho áreas especializadas; entre ellas la de igualdad de género ya que este enfoque cuenta entre sus objetivos estratégicos.

El asunto no es sólo reducir su presupuesto como se ha hecho en los últimos años, sino discutir -y probar- su verdadera utilidad al margen de cualquier consideración moral. Para una comunidad escasa de recursos lo razonable es animar y facilitar la acción privada de donación y cooperación, sin ánimo de protagonismo, o tratar de obtener rendimiento de los recursos a través de la acción empresarial andaluza en el exterior.

Los presupuestos financian diversas instituciones que parecen ser imprescindibles para la salud democrática y aún intelectual de la población, algunas de las cuales están santificadas en el Estatuto versión 2.0, al igual que la concertación social. Entre ellas el Consejo Audiovisual, un remedo del catalán o coartada para justificarlo, que minuta toda emisión que se produce en el territorio; el Consejo Económico y Social, bien poco consultado en 2012 (dos anteproyectos de ley y uno de decreto) y cuyos informes están inevitablemente coartados para no resultar inconvenientes a los agentes sociales; el Consejo Consultivo, del cual animo al lector a leer su memoria para que pueda formarse una opinión personal y, finalmente, el Defensor del Pueblo andaluz, del que también es conveniente leer la memoria anual. No son demasiado onerosos, es cierto, y el que más gasto conlleva es el Audiovisual que llegó a percibir en los buenos tiempos casi ocho millones de euros, cifra entonces próxima a la consignada para la Casa Real en los presupuestos del Estado. Uno puede ser republicano, monárquico o mediopensionista, pero no puede negar que el rendimiento institucional de esa Casa es bastante mayor que el de aquel Consejo. Y el rendimiento de una institución es lo único que justifica la exacción fiscal con la que se financia.

Otros casos de interés tiene el presupuesto andaluz para 2013. Entre ellos la mención de unos cuantos observatorios y la anunciada creación de alguno nuevo -sostiene Aguilar que hace falta un observatorio de los observatorios, para ver si funcionan-, el propósito de crear siete nuevas leyes, desarrollar algunas recientes y redactar diversos planes, entre ellos el plan estratégico del trabajo autónomo, los planes de evaluación participativa de las políticas públicas (algo es algo) y el plan director del uso de la bicicleta ¡con dos pedales! Sin embargo, reformas de verdad no parece que hagan falta por aquí ya que el presupuesto alude sobre todo a las reformas de edificios públicos. Eso sí, es de agradecer que se nos precise una diferencia memorable: "...recuperación de la Memoria Histórica referida a la Guerra Civil y la posguerra, y la Memoria Democrática por lo que afecta a los oprobiosos años de la dictadura". Queden claras las distintas memorias y no caigan en el olvido unos años terribles. Es imprescindible para que algunos puedan mantener el escaso discurso con el que afrontan el siglo XXI.