Mercasevilla: el ERE de la sospecha

LA última denuncia del PP de Sevilla desvelando que un cargo del PSOE de Jaén, Antonio Garrido Santoyo, ha podido cobrar hasta 112.000 euros en concepto de prejubilación de la empresa Mercasevilla, en la que nunca llegó a trabajar, ha añadido un nuevo frente al caso por presunta corrupción que se encuentra en fase de investigación en los juzgados de Sevilla. Al supuesto soborno a un empresario de hostelería por parte de los ex dirigentes de la sociedad, en la que el Ayuntamiento es mayoritario, y a la adjudicación supuestamente irregular de parte de los suelos del mercado central de Sevilla se suma ahora un posible caso de apropiación irregular de fondos, presuntamente producido en la fase de intermediación del expediente de regulación de empleo (ERE) tramitado ante la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Garrido Santoyo decidió el miércoles dimitir de sus cargos en el PSOE de Jaén. Sostiene que no ha cobrado dicho dinero. En la documentación existente en el juzgado aparece en la lista de beneficiarios. El propio comité de empresa de Mercasevilla denunció ayer la aparición de otra persona -en este caso una mujer- en el estudio de las prejubilaciones que, inicialmente, tampoco ha pertenecido a la empresa. Ambos casos son motivo más que suficiente para que se abra una investigación institucional -de índole parlamentaria y municipal- sobre la forma en la que se ha gestionado dicho expediente de regulación de empleo. Las explicaciones ofrecidas por parte de la Junta y del gobierno municipal hasta ahora han sido inexistentes, lo que contrasta con la gravedad de los hechos denunciados. Que en un momento de crisis y despidos como el actual aparezcan sombras sobre los criterios del Ayuntamiento y la Junta al tramitar estos procesos no contribuye a la credibilidad de la clase política. Urge pues una explicación, con independencia de la presunción de inocencia -aplicable a todos y cada uno de los afectados- y de la instrucción judicial. En Mercasevilla la juez investiga posibles delitos, pero el caso cobra cada día que pasa una envergadura política a la que el PSOE andaluz no puede ser ajeno.