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Punto de vista

José Ramón del Río

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Necesita aclaraciones

Según Picardo, la ley de Gibraltar no permitirá que ningún agente de España tenga jurisdicción en el Peñón

Si por algo se empieza, parece una buena noticia la que leo en el periódico gibraltareño Olive Press, traducida del inglés, que cuenta que las fuerzas policiales de España y Gibraltar han frustrado el contrabando de casi tres toneladas de hachís, valoradas en 15 millones de euros, en una operación conjunta. Por la información que obtuvieron, pudieron además, incautar en Algeciras otra partida de menos importancia. La operación fue bautizada con el nombre, muy español y nada inglés, de operación Crispaito y la noticia acaba con un parte meteorológico que dice que estas actuaciones se llevaron a cabo en medio de fuertes lluvias y "espesas" (sic) olas de levante, que era el viento reinante. También en ella se elogian a los "excelentes mecanismos de cooperación y comunicación vigentes entre el RGP (siglas del organismo encargado en Gibraltar de la persecución del narcotráfico) y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Pero el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha afirmado que después de la incorporación al espacio Schengen, la colonia mantendrá "la exclusiva competencia" para permitir el acceso al Peñón. "La ley de Gibraltar no permitirá que ningún agente de España tenga jurisdicción" en el Peñón. No es esta la opinión de nuestra ministra de Asuntos Exteriores, que tiene declarado que España será la responsable última y la garante de la aplicación de Schengen en Gibraltar", porque el Reino Unido no forma parte de ese espacio de libre tránsito de personas. Al quedar incluido Gibraltar en el espacio de libre tránsito, se derribará la Verja, y se instalaran los controles de entrada a la zona en el puerto y aeropuerto de Gibraltar. Dijo también la ministra que, durante el periodo de transición de cuatro años, agentes de la Agencia europea de la Guarda de fronteras y Costas (Frontex), se ocuparán de estos controles. Se obstina Picardo en que ninguna ley gibraltareña permitirá que agentes españoles tengan jurisdicción en Gibraltar. "Nunca llevaré una ley al Parlamento que lo permita" e insiste en que ningún funcionario de Frontex podrá operar en Gibraltar si no es con el permiso otorgado por una ley del Parlamento de Gibraltar. Será la agencia de guardacostas y fronteras de Gibraltar quien se ocupará de los accesos al Peñón. Lo justifica con que la Unión Europea "no tiene ningún reclamo de soberanía sobre Gibraltar" y amenaza con que "podemos deshacer el tratado, que también es una demostración de soberanía". Sería muy oportuna, una aclaración por nuestra ministra.

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