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Pablo Antonio Fernández Sánchez

Postureo climático

La COP28 que acaba de concluir en Dubái nos ha enseñado que no tenemos políticos a la altura del desafío que supone esta amenaza del cambio climático

Un persona toma una imagen con su móvil de la clausura de la COP28.
Un persona toma una imagen con su móvil de la clausura de la COP28. / Martin Divisek (Efe)

15 de diciembre 2023 - 06:00

EN 1992 (hace, pues la friolera de 31 años) se adoptó en Río de Janeiro (Brasil), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención marco entró en vigor en 1994 y dispone, a día de hoy, de 197 Estados miembros, es decir, una de las comunidades convencionales más extensas del planeta (más, incluso, que Estados miembros tiene la propia ONU).

Lo más importante de esta convención marco es que es un texto jurídicamente vinculante que reconoce la existencia del cambio climático como consecuencia directa de las interferencias antropógenas (inducidas por el ser humano). Para ello, se fija como meta, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la adaptación de los ecosistemas, y el mantenimiento del sistema económico.

El órgano supremo de esta convención marco es la Conferencia de las Partes (COP), que examina a los Estados miembros, en relación con la aplicación de la convención y toma las decisiones necesarias para la efectividad de la misma. Se reúne cada año en un lugar diferente. Esta semana en Dubái se ha celebrado la COP28 (en 2019 se reunió en Madrid).

Claro que la mayoría de las veces no toma decisiones y, cuando las toma, no se arbitra un procedimiento de control y sanción para los incumplidores. Esto hace que el sistema se tambalee porque le hace depender de la voluntad política de los gobernantes de turno (llámense Bush, Trump, Orban, Bolsonaro o Rajoy) o, peor aun, de la ausencia de consecuencias jurídicas o económicas.

Hemos llegado a la COP28, terminada el martes, 12 de diciembre, sin mucho éxito hasta la fecha. De las 28 celebradas, seguramente nos pueden llegar a sonar la de Kyoto, que estableció el Protocolo de Kyoto en 1997 o, la de París, que adoptó el Tratado de París, en 2015. Y a pesar de ello, siendo estos acuerdos tratados internacionales, no han modificado ni la conducta ni los efectos de los Estados sobre el cambio climático.

Esta inacción sólo puede fundamentarse en el postureo climático que nos invade. Los Estados quieren aparentar que les preocupa el cambio climático para lo que establecen “normitas” (perdón, por la expresión) para eliminar las bolsas de plástico en los supermercados (mientras éstos han sustituido los viejos carritos de metal por otros de plástico) o establecer lugares subterráneos para el almacenamiento de CO2, que sólo existen nominalmente (invito a que se conozca el establecido por España frente a las costas de Huelva o el de Gibraltar en las estructuras de la plataforma continental de las aguas de la Bahía de Algeciras).

Tenemos un Panel de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas que es, incluso, anterior a la convención marco. No fue creado por ella, sino en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y la Organización Meteorológica Mundial (PMM), en 1988, pero tiene de bueno en que es un órgano científico formado por expertos independientes, con los que contribuyen miles de científicos de todo el mundo y que hacen evaluaciones objetivas sobre el impacto del cambio climático y de la necesidad de adaptación, proponiendo metodologías novedosas y análisis de consecuencias sobre el cambio climático. Yo le llamo a este panel de expertos la “verdad revelada”, porque no son análisis de los políticos o los gobernantes de turno, sino análisis de los científicos, de los expertos, que presentan sus conclusiones, independientemente de los Gobiernos.

Esta “verdad revelada” nos dice que el calentamiento global es un hecho, con un impacto de 1,50º C, con respecto a los niveles preindustriales, que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez frecuentes y más desastrosos, que la acidificación de los mares y océanos ya ha colapsado, como consecuencia de la imposibilidad de absorción de estos sumideros azules de carbono, de más CO2 procedente de la atmósfera.

En este momento hay tres solicitudes de opiniones consultivas ante la Corte Internacional de Justicia, ante el Tribunal Internacional del Mar y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tendrán que pronunciarse sobre la vulnerabilidad de algunos Estados por la acción del cambio climático, sin ser responsables ni directos ni indirectos. Y que quieren saber quienes serían los responsables.

La mayoría de los Estados contaminantes miran para otro lado. La mayoría de los no contaminantes, por falta de desarrollo adecuado, miran con recelo a los primeros porque desearían situarse en el mismo lugar.

Mientras tanto, todos los Estados importantes del mundo disponen de unidades ministeriales (en España, Ministerio de Transición Ecológica) que se esfuerzan por maquillar sus acciones, estableciendo roles minúsculos con postureos climáticos a través de normativas enrevesadas para que los ciudadanos crean en lo “verde”, en lo “ecológico”, en lo “natural”, llevado al extremo por la empresas de los “bio”, que inundan un mercado totalmente confuso y que sigue vendiendo lechugas dobles en bolsas de plástico o bolsas de naranjas de diez kilos, envueltas en mayas de materiales no reciclables.

La COP28 nos ha enseñado, una vez más, que no tenemos políticos a la altura del desafío que supone esta amenaza del cambio climático. Si alguien creía que era sólo en España, desengáñese, es en todo el mundo. Sólo una hecatombe nos hará conscientes, a la fuerza, de que el cambio climático tiene consecuencias irreparables. O los ciudadanos nos lo tomamos en serio, con el escrupuloso respeto al gran principio que rige el medioambiente: “pensar globalmente y actuar de forma local”, o la naturaleza nos enseñará por la fuerza de los hechos.

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