Luis Camarero, uno de los sociólogos que han estudiado la despoblación rural, ha escrito que ésta es una "etiqueta" que se ha popularizado para definir el "sentimiento" ante un fenómeno que no es nuevo. Se arrastra desde el XIX, con más incidencia desde los años 50 del siglo pasado. La situación en Andalucía dista aún de la que se describe en La España vacía y en Sevilla afecta sobre todo a las sierras Norte y Sur y al Corredor de la Plata, donde se ubican cuatro de los cinco municipios con menos de mil vecinos y El Castillo de las Guardas -con 1.439 habitantes repartidos en diez aldeas-, amenazados por esa Lluvia amarilla de los pueblos abandonados que inspiró también la novela de Julio Llamazares en los años 80.

Pero el mundo rural sevillano -donde más de 60 municipios superan los 2.000 vecinos- ha resistido mejor al fenómeno de la despoblación que otros, lo que resulta interesante cuando las administraciones estudian medidas para enfrentarlo a nivel nacional. Las causas son múltiples. Tienen que ver con el modelo de partida y la prevalencia de ciudades agrícolas, si bien es cierto que éstas y su entorno no escaparon en los 60 a la emigración masiva a Europa y al norte de España, que surtió de mano de obra a la industria; ni a la más reciente movilidad hacia las áreas metropolitanas; ni a la generalizada caída de la natalidad.

Una de las claves es el tantas veces vilipendiado sistema de protección a eventuales agrícolas: el Plan de Fomento del Empleo Agrario (más conocido por sus primeras siglas, el PER), implantado en 1984, con fondos para que los ayuntamientos hagan pequeñas obras públicas contratando a desempleados agrícolas, que pueden completar así la cotización para acceder a un subsidio (unos 400 euros) si el trabajo en el campo es escaso. Partidarios o no del mismo, es un hecho que ha contribuido a mantener la mano de obra local para una agricultura fuertemente estacional y ha sido un complemento para la renta familiar que ha taponado esa sangría de población, irreversible en otros casos.

Ha permitido, por ejemplo, que en bastantes casos se hayan podido costear estudios a jóvenes que pueden ser la clave para que cuajen iniciativas de emprendimiento o para dar nuevos enfoques al sector primario. El gran reto es hacer volver a los más cualificados, ahora que las tecnologías y las comunicaciones lo cambian todo.

El PER ha ayudado también a que varias generaciones de mujeres -mayoría entre los beneficiarios- hayan accedido a pensiones tras años de trabajo en el campo y otros sectores no reconocidos, cuando por la estructura familiar tenían dificultades para desplazarse fuera a empleos mejor remunerados y fijos.

La idea de que ha habido fraude masivo o el PER ha favorecido el voto cautivo responde más al prejuicio -que en el mundo rural va muchas veces de la idealización al desprecio- que a la realidad. Como han apuntado muchos expertos, no ha sido mayor que en otros sectores. En todo caso, la solución no es hacer tabla rasa, sino perseguir la irregularidad y mejorar el sistema para la estabilidad que necesitan esos pueblos que ya se han redimensionado.