Enchufes

Mucha gente dice que los dos procesos judiciales contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez son meras fruslerías sin fundamento jurídico alguno que sólo obedecen al deseo malsano de hostigar al presidente del gobierno de la forma más inhumana posible, es decir, atacando a sus seres queridos. Y ante estas críticas, yo siempre me planteo una cosa: ¿qué habría dicho la izquierda si la esposa de Feijóo hubiera hecho lo mismo que ha hecho Begoña Gómez? ¿Y qué habría dicho si Feijóo colocara a su hermano –cantante melódico, por ejemplo, o bailarín de salón– en un cómodo cargo público muy bien retribuido? ¿Qué habría dicho la izquierda, eh? ¿Y qué habrían dicho todos esos fogosos periodistas gubernamentales que ahora protestan enrabietados?

Es muy curioso. Una de las cosas más vergonzosas que han salido a relucir con estos dos procesos –el de la esposa y el del hermano– es la obscena idea del poder que tienen quienes han permitido y han protagonizado estas prácticas que ahora van a ser juzgadas. Todos sabemos que España ha sido un país donde se practicaba el enchufismo más descarado, y donde cualquier persona que dispusiera de un átomo de poder –fuera del partido que fuera– intentaba colocar en un puesto público bien retribuido a sus familiares y amigos y compañeros de partido. Basta leer a Galdós para saberlo. Pero todos creíamos –ingenuos de nosotros– que estas prácticas dañinas se habían reducido o al menos se tenían que llevar a cabo de forma casi clandestina. Pues se ve que no. El caso Begoña Gómez y el caso David Azagra (nom de plume del hermano de Pedro Sánchez) nos demuestran que algunos políticos siguen creyendo que el Estado es suyo y que pueden comportarse como uno de aquellos caciques de la Restauración (“ministros camastrones”, los llamaba Valle-Inclán) que se dedicaban a conceder a todos sus protegidos una prebenda oficial, ya fuera un estanco, un carguito en Correos o una comisión de servicio en algún Ministerio. Y esto, amigos, es intolerable.

Comprendo que el sueño húmedo de la mayoría de nosotros sea conseguir un enchufe en un cargo público donde podamos dormitar a cambio de 2.000 euros del ala (bueno, si son 4.000 no nos quejaremos). Pero esto es una vergüenza. O mejor dicho, un delito. Y repugnante.