Fatiga de Constitución

Ysi el problema es la Constitución? se preguntaba hace unos días en Letras Libres, el siempre recomendable Félix Ovejero. Su respuesta, argumentada de forma prolija, es que no son sólo los actores, sino las propias reglas del juego, las que determinan los problemas seculares de nuestro sistema político, condicionado en su racionalidad por los nacionalismos. El artículo de Ovejero tiene la virtud de desvelar una falacia. Durante el procés catalán y para sumar frente al proyecto independentista, se acuñó el término constitucionalistas como significante vacío que integraba a todo aquel que, desde cualquier ideología, se opusiera a la independencia. El concepto, no obstante, demostró tener una geometría variable y los mismos que afirmaban que el procés excluía a la mitad de los catalanes, decidieron posteriormente que el PSC no integraría ese club de afines a la Constitución. En todo caso, la falacia del término residía en otro lugar. Y es que muchos de los constitucionalistas apelaban a la Constitución y a la Transición, no con base a los términos del propio acuerdo que refleja la Carta Magna, sino a una suerte de Constitución imaginada y bien definida en su forma territorial. Y la realidad no es esa, como insiste Ovejero. Nuestra Constitución, entre otras cosas, reconoce derechos históricos a las provincias vascas y Navarra, prevé asimetrías territoriales, consagra particularidades de derecho civil foral y permite delegar o trasferir competencias de titularidad estatal. Este es el marco que pudo acordarse pero, a partir de él, un entendimiento básico del centro derecha y el centro izquierda español permitió una racionalización del sistema autonómico. Con base a ese consenso mínimo, los pactos con los partidos nacionalistas pudieron ser vistos como acuerdos de Estado y no como meros negocios jurídicos. Lo cierto es que, sin ese eje básico de entendimiento, el modelo corre el riesgo de quebrar. Esto ya lo vimos con la tramitación del Estatuto catalán, pero no hay mejor ejemplo de ello que el temerario – y dudosamente constitucional– sistema singular de concierto económico para Cataluña, acordado entre el PSOE y el ERC. La inseguridad que genera una propuesta de este tipo va más allá del simple temor por la pauperización de ciertos territorios. Un acuerdo así pone en riesgo la voluntad de Constitución de muchos españoles que, sin considerar la aritmética electoral y la propia constitución material de España, pueden llegar a creer que somos capaces de darnos ahora, entre todos, una Constitución mejor que la que tenemos.