Una gamberrada de Núñez Feijóo

Que el fiscal general del Estado permanezca en su cargo cuando está a punto de sentarse en el banquillo, procesado por el Tribunal Supremo por un delito muy grave, es un contradiós y una indecencia.

Álvaro García Ortiz debía haber dimitido con carácter irrevocable en cuanto el Supremo lo procesó por presunta revelación de secreto contra un ciudadano particular, claramente dirigida a dañar políticamente a una líder del PP convertida por el presidente del Gobierno –que lo designó a él– en máxima enemiga. Debió ser destituido –o invitado al cese, que en este caso equivale a lo mismo– por el Gobierno que le encumbró para evitarles, al propio fiscal y a la Justicia española, el bochornoso espectáculo que se avecina: un juicio en el que el primer defensor del cumplimiento de las leyes y los derechos de los ciudadanos será el reo sin abandonar su poltrona y sus funciones y en el que un subordinado suyo tendrá que acusarle y solicitar su condena.

Desde el punto de vista institucional, es perfectamente superfluo que el fiscal general se crea inocente del delito que el Tribunal Supremo le imputa –aunque haya borrado por voluntad propia las pruebas telefónicas de su posible actuación delictiva– y perfectamente superfluo que el presidente del Gobierno lo sostenga, lo respalde, lo defienda y lo encumbre, al nivel de sus familiares directos, en el selecto club de víctimas inocentes de ciertos “jueces que hacen política y no cumplen la Ley” (jueces del Supremo, por cierto). Lo relevante es si el fiscal general del Estado puede seguir siéndolo, sin desdoro e indignidad de la institución que encarna, cuando está a cinco minutos de ser juzgado. La respuesta es no. Vale para el fiscal y vale para el Gobierno. Ninguno de los dos se da por enterado.

Así las cosas, ¿qué sentido tiene la gamberrada estéril de Alberto Núñez Feijóo de no asistir, ayer, a la apertura solemne del Año Judicial que, como todos los años, preside el Rey? Mayormente, ninguno. El deterioro de la Justicia en particular y de las instituciones democráticas en general que supone la actitud de García Ortiz y de Sánchez no se combate ausentándose de sus actos oficiales más simbólicamente importantes con la impostada pretensión de proteger al Rey y la real consecuencia de agitar el tablero político y propiciar el desapego de los ciudadanos, sino con sensatez y sentido del Estado.