LA clave de la reciente sentencia del Supremo sobre los ERE la dio ayer el editorial de este periódico: “en 11 años, hasta tres veces los jueces apreciaron que el ‘procedimiento específico’ para otorgar las ayudas a empresas conculcaba el Código Penal [...] la conclusión, desde un punto de vista jurídico, es clara: el Gobierno de la Junta utilizó un mecanismo delictivo, que eludía los controles necesarios, para conceder las ayudas y se cometieron en el procedimiento prevaricación y malversación”. Lo recordamos ahora que leemos y escuchamos una infinitud de mensajes de alto voltaje emocional en los que se reclama, especialmente, la “inocencia” de José Antonio Griñán. Lo raro es que muchos de los emisores de los mensajes son periodistas que trabajan en medios de comunicación, cuya principal preocupación debería ser el control del poder político y sus abusos, no la de defender a los que la Justicia, por activa y por pasiva, señala como infractores de las leyes. Además, da la sensación de que muchos no han comprendido que el hecho de que Griñán o Chaves no se hayan quedado con un sólo euro de dinero público no los convierte en absoluto en inocentes. Hay muchas maneras de delinquir y no todas pasan por el lucro personal.

Ahora bien, la entrada en prisión de Griñán, quien ya ha pagado su responsabilidad política y moral, sería absurda y a nadie, exceptuando los fanáticos, podría satisfacer. El Gobierno debería indultarlo por mucho que le irrite esta cuestión.

Más allá de los dos mandarines socialistas, lo importante de la sentencia del Supremo sobre el caso de los ERE es que deja en evidencia definitivamente la manera abusiva y clientelar con la que el PSOE ejerció el poder en Andalucía durante décadas. Además nos recuerda que tanto en las cuestiones genéticas como en las políticas es fundamental la renovación periódica, los cambios y alternativas. Los partidos en el poder, al igual que los invitados, huelen a partir de determinado tiempo. Algunos de estos periodistas lacrimosos han llegado a arremeter contra la Justicia y la han acusado de actuar por motivos políticos en el caso ERE. Muchos son los mismos que luego acusan a Podemos o a Vox de populistas y antisistema. ¿Quién está desgastando ahora las instituciones democráticas? ¿Quién las está colocando en el punto de mira de la sospecha por sus intereses políticos o sus amistades personales? Quizás muchos plumillas deberían dejar de comer con políticos de alto copete y analizar más a fondo las causas judiciales, pensar más en los ciudadanos y menos en los gerifaltes.