Justicia de Cuarto Milenio

La gente dirá que la justicia es un cachondeo y yo tengo que darles la razón. Lo expresó en 1985 el alcalde andalucista de Jerez y diputado autonómico Pedro Pacheco, tras conocer una sentencia que suspendía el derribo de un chalé ilegal del cantante Bertín Osborne. Fue condenado por desacato, aunque en 1988 el Tribunal Supremo lo exoneró. La misma frase se está repitiendo en los mentideros de media España tras la condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. Fallo sin una sola prueba sólida; la Sala Segunda se ha pronunciado por indicios. O sea, por fenómenos que permiten inferir la existencia de algo no percibido. Como en Cuarto Milenio.

Y así, una serie de señales, síntomas, sospechas, presentimientos, conjeturas y augurios han condenado a Álvaro García Ortiz. El fiscal general era muy sospechoso para la UCO y para los cinco magistrados conservadores de haber filtrado el intento de evasión de impuestos del enriquecido novio de la presidenta de Madrid. No importa que el asunto fuese anunciado previamente por Ayuso y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, falseando los hechos. [También por indicios, aportados con la misma convicción por la UCO, fue condenada Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 2001. Pero era inocente]. Bien mirada, la pena además de esotérica es rápida, mínima y rentable. Tan exprés que se adelantó a la justificación, pequeña porque las acusaciones pedían hasta seis años de cárcel, y ventajosa para el novio de Ayuso, que intenta declarar nula su causa por fraude fiscal, aduciendo indefensión.

En el juicio, MAR admitió haber mentido cuando inventó que la fiscalía había ofrecido un trato al abogado de González Amador, retirado por órdenes de arriba. Y justificó su engaño: no es notario, sino periodista y político. Sugería que en ambos oficios lo normal es la mentira. Ignoramos si el tribunal comparte el criterio. Su presidente consideró una amenaza que un periodista afirmara que el filtrador no era García Ortiz, pero no podía decir su nombre por secreto profesional. En otro momento cortó al agresivo abogado de Amador, y advirtió que allí no se enjuiciaba al periodismo. La Sala no ha tenido en cuenta que seis periodistas solventes han declarado que tenían el mail del abogado antes que el fiscal.

Si sospechan que hay indicios de que este fallo se toma el periodismo a cachondeo, tengo que darles la razón.