EN su libro Cómo fallan los mercados. La lógica de las calamidades económicas, John Cassidy nos enseña cómo el mercado y el interés individual que lo sustenta, puede llevar a comportamientos que, aun siendo lógicos para los que los siguen, conducen al desastre. Si es así, sólo el gobierno puede superar la amenaza de la irracionalidad racional y coordinar las decisiones económicas. Pero los sistemas políticos en las economías de mercado actuales, viene a decir Cassidy, están diseñados para prevenir y limitar la acción de los gobiernos, más que para facilitarla; al comienzo de la crisis muchos defendían que el sistema, sus bancos y empresas, debería depurarse por sí solos de los errores cometidos, hasta que se recuperara de nuevo el funcionamiento normal de los mercados. También en España ésta era la opinión dominante, y se pensaba que con estimular la economía era suficiente; apoyar a las entidades financieras o intervenir en el sector de la vivienda se consideraba por casi todo el mundo innecesario y, además, un mal uso de los dineros públicos.

El Estado tiene un papel en situaciones límite, y así lo entendieron países como EEUU, que ha intervenido para salvar el sistema financiero, asegurador, el mercado hipotecario, y el sector del automóvil, y no sólo el Gobierno sino también el banco central. Tras unas dudas iniciales hizo lo mismo Gran Bretaña, y Alemania que salvó la banca y el automóvil, y subvencionó a las empresas para evitar que despidieran. Y China, a través de los bancos con control estatal, ha proporcionado a las empresas toda la financiación que necesitaban.

Recientemente hemos visto el anuncio de nuevas medidas desde el Estado, así como en Andalucía, favoreciendo fiscalmente el autoempleo, la compra de acciones de nuevas empresas, impulsando sectores estratégicos y de exportación. Son también muy interesantes los préstamos para reducir unos años la carga hipotecaria y animar la compra de viviendas. Sin embargo, la recaudación no puede reducirse, porque pondría en cuestión la solvencia del Estado español y de nuestras empresas; hay que bajar aquellos impuestos que tengan un efecto positivo en las empresas, y aumentar otros para lograr el equilibrio de las cuentas.

Estas medidas, junto con la reforma laboral, son necesarias pero insuficientes. Los problemas de fondo que pesan como una losa sobre la economía son la construcción y la financiación. El Estado tiene, de una vez, que adquirir vivienda y suelo a precio reducido y rentabilizar la inversión mediante alquileres, no venta. Y tiene que intervenir directamente en la concesión de crédito mediante el Instituto de Crédito Oficial, colaborando temporalmente con entidades financieras, aprovechando las oficinas y el personal que sobra. Por último, el pacto político debe llevar a todas las administraciones y a sus funcionarios, la idea de austeridad y eficiencia en la prestación de servicios. Una combinación de exigencia individual y acción colectiva exige aparcar las ideas de mercado, y considerar nuestra capacidad real de gasto. Estas propuestas no gustarán a casi nadie, pero la realidad es que sobra política y faltan políticas, sobran ideas y faltan decisiones.