Sánchez acierta en inmigración

La regularización masiva de inmigrantes irregulares decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una decisión justa, acertada y conveniente. Permitirá legalizar la situación de medio millón de personas que malviven entre nosotros y contribuyen a la economía nacional con menos derechos que los nacidos aquí.

No es algo novedoso. Desde que se extendió el fenómeno de las migraciones masivas todos los gobernantes españoles recurrieron en algún momento –Aznar lo hizo tres veces– a legalizar a cientos de miles de inmigrantes sin papeles que se habían asentado en el país, trabajaban y se integraban socialmente, sin cometer delitos ni alterar la convivencia nacional.

El decreto responde, tardíamente, a una iniciativa popular respaldada por 600.000 ciudadanos, apoyada por la Iglesia católica, los sindicatos y numerosas ONG. También la avalan los empresarios, interesados en contratar mano de obra en sectores de los que desertan los trabajadores nacionales (hostelería, agricultura, construcción, dependencia). Una vez regularizados, estos inmigrantes saldrán de la economía sumergida, pagarán impuestos y ayudarán a conservar las pensiones futuras de todos.

Este instrumento de la regularización supera tanto la frivolidad política de aquel romántico “papeles para todos” que propugnaba abrir las fronteras de par en par como la crueldad insolidaridad y xenófoba de la ultraderecha que pregona la expulsión de todos los irregulares para evitar que invadan y desnaturalicen la patria. Con toneladas de demagogia y manipulación distorsiona la realidad pretendiendo vincular inmigración con inseguridad, abuso de los servicios sociales y competencia desleal contra los españoles fetén.

El caso es que estas prédicas apocalípticas vienen teniendo éxito en ciertos sectores populares. Y a la derecha tradicional no se le ocurre nada mejor que acercarse a ellas en vez de combatirlas. De modo que el PP alerta sobre un supuesto “efecto llamada” provocado por el decreto, que los antecedentes no confirman, y acude a la Comisión Europea para que lo frene. Sin éxito, porque las competencias sobre inmigrantes ya instalados son de cada Estado, no del gobierno comunitario.

Dicho todo lo cual, añado que si el decreto está bien, el objetivo que se persigue al aprobarlo, el momento de hacerlo y la forma están rematadamente mal. Propios de Sánchez. Lo tratamos mañana.