La sentencia es dura, pero con demasiadas puertas abiertas y el resultado es que nadie está conforme con ella. El juez Marchena buscó la unanimidad para dar más fuerza a los argumentos condenatorios, pero en aras de esa unanimidad ha provocado que aquellos que tenían claro el delito de rebelión -entre ellos un buen número de jueces y fiscales, tantos como los que sólo vieron sedición- se hayan sentido indignados por una condena que consideran blanda, mientras que los independentistas, o que se sienten comprensivos con los independentistas, consideran que el Tribunal Supremo ha violado el derecho de opinión y de libertad de expresión.

La sentencia tendrá consecuencias políticas de envergadura, entre otras razones porque los independentistas han realizado una labor exhaustiva de concienciación de la sociedad catalana para identificar el llamado procés con unas ansias de libertad inconmensurables ante un país invasor y opresor, España. Ese mensaje se ha transmitido también a infinidad de medios internacionales, y hay que reconocer que con indudable éxito. No hay más que ver la reacción de algunos de los más importantes medios de comunicación extranjeros.

Frente a esa campaña inteligentemente diseñada y con fondos ilimitados para financiarla, el video de los miembros del gobierno Sánchez diciendo en inglés que España es un país ejemplo de democracia, es absolutamente ridículo. ¿O es que esas palabras de los gobernantes son más convincentes que el comunicado del Barça respaldando a los "presos políticos", al que siguió un tuit de Gerard Piqué diciendo que se siente orgulloso de pertenecer a ese club? Tenemos mucho que aprender los no independentistas sobre la estrategia de comunicación.

Pedro Sánchez ha garantizado que los culpables cumplirán las condenas impuestas. Difícil garantizarlo: cuando cumplan la cuarta parte de su condena podrán acceder al tercer grado si así lo permiten las autoridades penitenciarias... que dependen de la Generalitat porque se les transfirieron esas competencias. Lo que significa que en pocas semanas, si no lo remedian otras instancias judiciales, veremos a la mayoría de los condenados en la calle.

El juez Llarena ha reactivado la euro orden contra Puigdemont. Sería la tercera, tras el fracaso de las dos primeras, y hay motivos sobrados para el escepticismo: no cuenta España con grandes amigos entre los responsables de impartir justicia en países cercanos.

Cataluña no se ha paralizado pero casi, con importantes vías bloqueadas y el transporte gravemente afectado. Se ha movilizado más de lo que esperaban los que creía tener todo controlado: unas fotocopias de billetes de avión permitieron el acceso masivo al aeropuerto del Prat -para sortear el control policial que solo permitiría el paso a pasajeros con billetes-, y centenares de personas ocuparon las vías férreas para impedir el paso de los trenes.

Es día de amargura. Más que por la sentencia en sí, porque se demostrado otra vez que los independentistas saben cómo buscar las vueltas a quienes defienden la ley, el orden y la Constitución.

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