Ante un problema que le incumbe directamente, una tasa turística que compense los perjuicios y contaminación que provocan los viajeros en las ciudades, el presidente andaluz se pone de perfil. Se declara mediador entre el sector turístico y los municipios, como si no fuese con él. Al jefe del régimen andaluz, cuyo principal sustento son los eventos y la propaganda, le cuesta la misma vida dar un disgusto. Si hay un problema, la consigna es ponerse a la cabeza de la manifestación y culpar al Gobierno de la nación.

Cuando el conflicto es de exclusiva competencia autonómica, quien debe tomar la decisión no sabe a qué atenerse. Ha ocurrido con esta tasa turística, reclamada por De la Torre, Sanz, Carazo o Bellido, alcaldes de peso en el PP, de grandes ciudades como Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba. El consejero de Turismo dijo que había que hablar con el sector. En medio del desconcierto, el portavoz parlamentario de Moreno cantó la gallina el miércoles con dos frases para enmarcar: 1. “No es el momento de hablar de algo que no vamos a aprobar, estando todo el sector turístico en contra”. Y 2. “No tiene sentido legislar sobre una tasa turística, cuando la naturaleza del Gobierno andaluz es tendente a la reducción de impuestos”.

El alcalde de Sevilla propuso cobrar por entrar en la Plaza de España ante el deterioro que produce el uso de sus instalaciones. El PP es contrario a los impuestos, que cubren las necesidades donde más se necesita. Pero, es partidario de privatizar como alternativa. Resulta más razonable implantar la tasa que reclaman los alcaldes. La idea de “hablar con el sector” es nebulosa. Hoteleros y hosteleros tienen productos y servicios que se benefician de recursos públicos que pagan todos los ciudadanos: mantenimiento y restauración de monumentos, limpiezas de ciudades, parques y playas, abastecimiento de agua, museos, teatros o salas de conciertos… Eso atrae turistas, facilita negocios y genera beneficios. Por el contrario, la irrupción turística consume bienes escasos, deteriora al patrimonio, congestiona las calles, genera ruidos y molestias a la población autóctona.

Hay que oír a los beneficiarios de la inversión pública en turismo. Sobre todo, cuando se quejan del descontrol de los apartamentos turísticos. Pero no pueden imponer su criterio en asuntos de interés general. Juanma Moreno no se debería esconder. Está en San Telmo para gobernar, para decidir a favor del conjunto de la sociedad, no sólo para lucirse en Canal Sur. Pero resulta que en vez de capitán, quiere ser árbitro.