Desde que Pedro Sánchez es presidente, se ha caracterizado por utilizar recursos públicos en actividades ajenas a su cargo, en actividades de su ámbito personal. Todos nos acordamos cuando utilizó un Falcon para ir con su señora a un concierto musical en Benicasim hace dos años y se dedicó a posar para salir en los medios, o cuando utilizó un helicóptero para ir a la boda de un cuñado. Pero lo destapado ahora es mucho más grave.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acaba de dar un ultimátum a Sánchez para que le informe detalladamente de lo ocurrido en las vacaciones de 2019 en el Palacio de Las Marismillas del Parque de Doñana, donde Sánchez invitó a bastantes amiguetes con sus respectivas familias a veranear con él. Transparencia le exige información de quienes estuvieron allí, del número total de ellos, y cuántos días estuvieron cada uno, para así intentar cuantificar lo que Sánchez nos debe, y reclamárselo.

Hasta ahora, Sánchez ha hecho caso omiso a la petición de Transparencia pese a que tiene la obligación de facilitar dichos datos. Resulta indignante saber que Sánchez invita a sus amiguetes, pero que nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Hace lo que hace porque él considera que le beneficia para seguir más tiempo en el poder. Es evidente que ni gobierna en pos del interés general o en pos del interés del PSOE, sólo lo hace en pos de su interés particular.