El estado de alarma vuelve a escena con un protagonista principal: el toque de queda. El confinamiento nocturno es obligatorio en toda España, salvo Canarias, entre las 23.00 y las 06.00, aunque las autonomías han podido acortar o estirar ese plazo una hora. El nuevo estado de alarma cayó como un jarro de agua fría en el sector empresarial, desde donde se exige que el toque de queda vaya acompañado de medidas económicas para la resistencia de los negocios. Las restricciones, especialmente las amparadas en el toque de queda nocturno, suponen inevitables mermas a la actividad económica, especialmente en las actividades de servicios como la hostelería, el ocio y el transporte urbano.

La Federación Nacional de Empresas de Ocio y Espectáculos, España de Noche, reclamó una reunión urgente con los distintos ministerios económicos del Gobierno para abordar un plan de rescate “que permita congelar la actividad del ocio y los espectáculos, a nivel de ERTE, ICO y alquileres” y proteger a sus 25.000 empresas y 200.000 trabajadores. Según la organización, la alarma puede suponer “una debacle sin precedentes”. La organización calcula que de los 300.000 establecimientos que existen en España, entre 85.000 y 100.000 están en riesgo de desaparición y con ellos unos 400.000 puestos de trabajo, si no se habilita una línea directa de ayudas.

Personalmente, pienso que una decisión del calibre de la que ha aprobado el Gobierno debía haber sido previamente estudiada con las correspondientes consecuencias que puede llegar a suponer para la economía de nuestro país en un sector tan esencial. El verdadero problema viene cuando nos planteamos la siguiente pregunta que tiene sin dormir a muchos españoles: ¿cómo se puede prohibir una actividad y no tener planes de rescate para ella?