Con el acuerdo alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los principales sindicatos del sector, que se firmará el lunes, la Junta logra desactivar, a pocos días de las elecciones, un foco de conflicto con tendencia a crecer. Por su parte, los representantes de los trabajadores obtienen lo que querían: desechar cualquier atisbo de privatización de la Atención Primaria y poner en vías de consolidación a los 12.000 trabajadores contratados por la emergencia de la pandemia, cuya continuidad estaba discutida. La principal cesión la hace el Gobierno andaluz. Tras asegurar durante meses que el carácter público de la sanidad de proximidad no estaba comprometido y que la orden en la que se preveía el posible desvío de enfermos a la privada sólo se activaría en caso de emergencia, ahora retira esa posibilidad. El argumento es que así queda clara la voluntad del Gobierno de Juanma Moreno de reforzar esa condición de servicio público. No cabe duda de que se ha ido a solucionar más un problema político que una cuestión técnica y así debe interpretarse. El acuerdo sobre Atención Primaria viene a completar el de concertación social firmado recientemente con sindicatos y patronal y da al Ejecutivo del PP una garantía de que podrá desarrollar la legislatura de la mayoría absoluta en un clima de paz social, lo que no es poco. La Junta ha demostrado flexibilidad negociadora y ello hay que valorarlo como un activo de primer orden. Otra cuestión es si este acuerdo, que le va a costar a la Junta del orden de los 600 millones de euros, va a ser suficiente para desatascar el tapón de la Primaria, sobre todo en los periodos de picos de demanda que se producen periódicamente. La sanidad pública andaluza, como la del resto del país, tiene todavía asignaturas pendientes que abordar para adaptarse a una demanda que no deja de crecer. Lo más probable es que sigamos asistiendo a episodios de tensión. Pero por lo menos se contará con un instrumento que permitirá sentarse a la mesa a la búsqueda de soluciones.