La Junta estima que casi 750 empresas catalanas trasladaron su sede social a Andalucía para huir de la tensión creada por el proceso independentista de 2017. En la inmensa mayoría de los casos se trató de un mero trámite administrativo, que no supuso cambio en la ubicación de la actividad industrial, si es que la había, ni de la dirección de negocio, aunque esas sociedades empezaron a tributar en Andalucía e, indudablemente, la decisión tenía una carga simbólica importante. En los casos de mayor relevancia, como Pastas Gallo, en Córdoba, o Cervezas San Miguel, en Málaga, existían con anterioridad instalaciones industriales y administrativas que facilitaban el traslado. Entre las exigencias que los independentistas catalanes han presentado al Gobierno de Pedro Sánchez figura el que se adopten medidas para incentivar la vuelta a Cataluña de las empresas que salieron y, en la escalada de disparates en la que esa negociación se ha convertido, que se multe a las que se nieguen a hacerlo. La Consejería de Economía del Gobierno andaluz ha reaccionado ante esta pretensión argumentado que el que se creen incentivos para el regreso de las sedes sociales es un “fraude constitucional” que atenta contra la libre circulación. No le falta razón a la consejera Carolina España cuando se pregunta que cuánto le van a costar a los andaluces las medidas que ponga en marcha el Ejecutivo de Sánchez. El Gobierno central no puede primar que las empresas se instalen en una comunidad concreta. Otra cosa es lo que pueda hacer la Generalitat de Cataluña en el uso de sus propias competencias. Tanto derecho tiene el Gobierno catalán a poner medidas para fortalecer su tejido empresarial como Andalucía a hacerlo con el suyo. Y sobre todo está el derecho de las empresas a radicarse donde lo estimen más conveniente. Plantear siquiera la posibilidad de sancionar por este motivo refleja el ridículo profundo por el que atraviesa la política española.