Editorial
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En 2018 Pedro Sánchez logró, contra pronóstico, armar una mayoría suficiente para echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura. Las banderas que levantó el dirigente socialista fueron la de la lucha contra la corrupción y la de la regeneración democrática. El PP estaba entonces en el punto de mira por varios casos que cuestionaban su honorabilidad y acababa de ser condenado por financiación ilegal a través de la trama Gürtel. Desde su llegada a la Moncloa, Sánchez presumió de la limpieza de su gestión y descartó que pudiera desarrollarse en su entorno ningún atisbo de corrupción. Seis años después, la realidad está colocando al presidente en una situación difícil que cuestiona ese pretendido papel de adalid de la gestión limpia y transparente. El demoledor informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hecho público la semana pasada sitúa al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en el centro de una red de irregularidades, corruptelas y sobornos de una dimensión inusitada y que tendrá que ser confirmada o descartada en la investigación judicial que ya está abierta. No se trata de un personaje menor: Ábalos fue, durante un buen número de años, el colaborador más estrecho de Sánchez. Era la persona clave en el control del partido y cuando llegó al Gobierno ocupó el Ministerio con mayor presupuesto y capacidad inversora. Pedro Sánchez tiene muy difícil establecer un cortafuegos que lo aísle de todo lo que se va sabiendo durante los últimos días sobre Ábalos. Pero este no es el único frente que tiene abierto el inquilino de la Moncloa. La investigación sobre un presunto caso de tráfico de influencias que afecta a su esposa continúa adelante avalada por la Audiencia de Madrid. Las banderas que levantó Sánchez para llegar al Gobierno se le vuelven en contra. Y parece que esto no ha hecho más que empezar.
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