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Un acuerdo fiscal que satisface a todos

Los países han hecho grandes inversiones públicas para frenar la pandemia e incentivar la economía después de una crisis corta y muy profunda

Los siete países más industrializados del mundo han llegado a un importante acuerdo fiscal para gravar con un mínimo del 15% los beneficios de las sociedades, así como la obligación de que las grandes multinacionales tributen allí donde obtienen sus ingresos y no en los lugares donde residen sus sedes sociales. Este acuerdo del G-7 debe trasladarse al G-20 y a la OCDE para que sea global, pero todo indica que se conseguirá poner fin al dumping fiscal en el que incurren algunos países. Irlanda, sede de muchas de las grandes tecnológicas, es un ejemplo de ello. Con un impuesto del 12,5% que, en realidad, es mucho más bajo, no sólo hace competencia al resto de países europeos, sino que estas compañías no tributaban en los lugares donde tienen beneficios, sino en la isla. El acuerdo ha sido bendecido por todos, incluso por algunas de estas tecnológicas. La razón es que Italia, Reino Unido y Francia habían comenzado a aplicar tasas específicas contra estas compañías y otros países también lo iban a hacer, por lo que el acuerdo les permite enfrentarse a un marco común y más seguro desde el punto de vista jurídico. Esta tasa particular iba a provocar que Estados Unidos gravase con aranceles muy altos algunos productos de cosmética y moda procedentes de Europa, España incluida, con lo que el riesgo desaparece porque Washington ha sido uno de los principales inductores. La Administración Biden quería que el porcentaje se elevase al 21%. Además de estos intereses cruzados, lo cierto es que los principales países están necesitados de mejorar su recaudación a causa de los importantes esfuerzos presupuestarios que han realizado para frenar la pandemia y para incentivar la economía después de esta crisis corta y profunda. La Administración de Joe Biden quiere aprobar un presupuesto que contiene el mayor esfuerzo inversor desde la Segunda Guerra Mundial. Los cálculos para España es que el Estado podría recaudar unos 700 millones de euros más a causa de esta localización de compañías y tecnológicas, aunque hay que ser cautos para comprobar cómo se desarrolla este acuerdo en cada país en concreto.

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