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La imputación de un delito de apropiación indebida a la esposa del presidente del Gobierno no puede ser despachada, como han hecho el propio Sánchez y sus portavoces, como una cuestión menor o responder con una descalificación global de la investigación que está llevando a cabo un juez que ha encontrado elementos suficientes para formularla. De hecho, sin presuponer el resultado final de la instrucción que lleva a cabo el juzgado, la imputación supone un paso cualitativo de la máxima trascendencia para un proceso que amenaza con convertirse en un factor que pueda condicionar la política española en los próximos meses. Pero no es sólo el caso de Begoña Gómez el que complica la vida en el Palacio de la Moncloa. Las actuaciones presuntamente delictivas del ex ministro José Luis Ábalos y la trama que se organizó en torno a él están en la línea de terminar siendo un caso de presunta corrupción con un alcance muy amplio y con ramificaciones muy diversas. El Gobierno y su presidente están cercados por dos investigaciones de los tribunales que pueden comprometer su propia continuidad. Ello afecta, de forma inevitable, al día a día de la política y a los márgenes de actuación del propio Ejecutivo, que tiene que dedicar mucho tiempo y energía a intentar controlar estos incendios. La imagen que ofrece el Gobierno es la de un barco a la deriva en medio de un temporal que es incapaz de capear. Los buenos datos de la economía apenas suponen un paliativo en una situación cada vez más crispada y desorientada. La mera permanencia en el poder como única estrategia de actuación no le hace ningún beneficio al país.
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