El director del Área de Residencias y de Servicio de Ayuda a Domicilio de Asisttel, Víctor Rivas, ha asegurado que el citado servicio de asistencia se seguirá prestando con toda normalidad y sin afección ni a los usuarios ni al pago de las nóminas de las plantillas en los cuatro municipios en los que lo tienen adjudicado: Dos Hermanas, Bormujos, El Palmar de Troya y La Luisiana.

En este sentido, asegura que el concurso voluntario de acreedores que solicitó la empresa Asisttel S.A.y por el que, desde el pasado lunes, hay un administrador concursal designado fue un intento por frenar el desalojo de la residencia de mayores y la unidad de estancia diurna de Tomares, ya que el alquiler del edificio constituía la principal deuda de la empresa. El resto, según defiende, es asumible mientras que los ayuntamientos abonen lo estipulado, con lo que confían en que pueda haber un acuerdo para salir del concurso de acreedores en pocos meses.

Las dudas que puedan haber sobre el servicio de ayuda a domicilio, según considera, tienen más que ver con quienes quieren que estos servicios se presten directamente desde los ayuntamientos, que con la situación de la empresa.

Rivas sí ha confirmado que, con el cierre de la residencia de mayores de Tomares, un centro que calificó de puntero, y de la unidad de estancia diurna, una de las mayores del país, cierra esa línea de negocio de Asisttel y que no hay posibilidad, de momento, de recolocar a los trabajadores afectados, cerca de medio centenar.

Este responsable de Asisttel lamenta que el actual propietario del edificio de Tomares se haya negado en todo momento a sentarse a negociar un plan de pagos que evitara el desalojo, como venían intentando desde el pasado mes de marzo. Según ha explicado, la anterior propietaria perdió el inmueble, que salió a subasta. Como inquilinos, tenían prioridad en el derecho a compra, pero ante la imposibilidad de ejercerlo en ese momento, lo cedieron a este nuevo propietario, que se hizo con el inmueble por 2,5 millones de euros. Ahora ha querido disponer del mismo.

Sobre todo a raíz de la caída de ingresos por el Covid-19, la empresa asegura que tuvo que priorizar el pago de nóminas, luz, agua y a proveedores sobre el alquiler y de ahí que la deuda de éste acumulara. Ya el pasado mes de noviembre, se presentó el preconcurso de acreedores, con la confianza de que frenaría el desalojo. En enero, se formalizó el concurso de acreedores. Pero no ha sido suficiente. 

Víctor Rivas insiste en que, al margen de ese acreedor del edificio, no hay otras deudas importantes y que, como ya informó el propio administrador concursal el pasado jueves también al personal de la línea de ayuda a domicilio, el pago de las nóminas está garantizado.

Como han hecho sus trabajadores, este responsable de la empresa ha descrito cómo ha sido muy doloroso tener que sacar de la que era su casa a los residentes, sin que se haya podido llegar a otro acuerdo.