Ocho años después de la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, la Audiencia de Sevilla iniciará hoy el juicio contra tres directivos de Mina Las Cruces por delitos contra el medio ambiente y daños al dominio público. El juicio estaba previsto que arrancara inicialmente en septiembre de 2017, pero el tribunal ha adelantado la vista oral un año, según informó ayer la asociación Ecologistas en Acción, que ejerce la acción popular.

En el banquillo de los acusados se sientan los directivos François Fleury, anterior consejero delegado de Cobre Las Cruces; William Thomas, el ex director de mina; y la directora del departamento de Medio Ambiente Paz Cosmen Shortmann de la compañía minera. El fiscal les imputa un delito contra el Medio Ambiente, por el que reclama una condena de cuatro años de cárcel, y otro delito de daños, por el que solicita otro año y medio de prisión. Reclama además una multa de 11.700 euros, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante tres años y una responsabilidad civil solidaria de 607.430 euros por los daños causados al dominio público y para proceder a la restauración del equilibrio ecológico perturbado.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, en su escrito de conclusiones provisionales, recuerda que Cobre Las Cruces recibió en el año 2003 autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para sus operaciones de drenaje e inyección de aguas en sus instalaciones mineras situadas entre las localidades sevillanas de Gerena, Guillena y Salteras. La empresa incurrió en un "número importante de incumplimientos", según la Fiscalía, y en julio del 2006 inició la extracción de aguas y su inyección en el acuífero "sin haberse aprobado el acta de reconocimiento de las obras".

Entre otros riesgos, la CHG detectó concentraciones de arsénico superiores a las permitidas, pese a ser una sustancia declarada peligrosa en el decreto correspondiente, con el peligro de que pudiera contaminar el acuífero Niebla-Posadas, del que se abastece el consumo humano en diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.

La compañía minera incumplió hasta nueve condiciones de la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la explotación de la actividad. Así se exponía en el informe que la Comisaría de Aguas de la CHG elaboró el 12 de mayo de 2008 y que fue aportado durante la fase de instrucción de la causa.

Para empezar, la CHG señala que la explotación minera carecía de un "plan de contingencias" para prevenir situaciones de rotura o inoperatividad de las instalaciones y, en consecuencia, de un vertido accidental. Ese proyecto "nunca" fue aprobado por la Administración, sostiene el informe, que aclara que el proyecto que fue presentado inicialmente "no daba respuesta a los eventuales riesgos". El documento advertía que la Administración solicitó modificaciones y mejoras en aspectos de "crucial importancia", como por ejemplo la posibilidad de que se afectara a terceros o de contaminar con metales los pozos del sistema, pero estos riesgos "de ningún modo pueden considerarse resueltos satisfactoriamente".