La Junta de Andalucía negocia desde hace años un acuerdo con la empresa Boliden para el pago de los costes de la limpieza de la zona afectada por la rotura de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar, en abril de 1998, según ha confirmado este lunes el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien espera tenerlo cerrado "en menos de un año". Esa limpieza costó 89 millones de euros.

No obstante, una de las dificultades para el acuerdo está en que la empresa sueca exige hacerlo también a la vez con el Estado, al que debe pagar más de 43 millones de euros por una sentencia que ya es firme, a lo que se negaría el Gobierno central.

"No tenemos ahora mismo ninguna fecha límite. Estamos emplazados, lo razonable, lo sensato, sería que fuera lo antes posible. A nosotros nos gustaría que en menos de un año se llegara a un acuerdo. No podemos estar permanentemente negociando", ha declarado Moreno, tras ser preguntado por una información que adelanta el diario El País.

En respuesta a los periodistas en Atarfe (Granada), el jefe del Ejecutivo autonómico ha admitido la existencia de una negociación, que ya inició la anterior administración socialista (en 2016) con la empresa minera, y ha explicado que son los propios poderes judiciales los que han emplazado a las partes a llegar a un "acuerdo amistoso".

"El problema es que una de las partes de la administración, el Estado, considera que no tiene que llegar a un acuerdo puesto que ha habido sentencia", ha añadido.

En este sentido y también en declaraciones a los periodistas, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en Sevilla, ha señalado respeta que la Junta impulse una solución extrajudicial, pero que el Estado no renunciará a lo que ya tiene reconocido por sentencia por el desastre de Aznalcóllar.

Moreno ha dicho que la pretensión es llegar a un acuerdo que pudiera ser satisfactorio para las partes y para el "objetivo fundamental" de recuperar toda la zona degradada como consecuencia de la actividad minera en esa zona.

Según publica este lunes El País, la Junta negocia en secreto desde 2016 con la minera Boliden, cuyas "maniobras" habrían permitido a esta multinacional evitar durante 23 años el pago por la limpieza de lodos tóxicos vertidos en Sevilla, cifrada en 89 millones de euros.

Sobre el asunto, la ministra ha incidido en que "el Estado respeta que Boliden hable con la Junta de lo que le parezca con respecto a la recuperación de costes en los que incurrió la comunidad autónoma, pero esto no significa que el Estado vaya a renunciar a absolutamente nada de lo que ya tiene reconocido por sentencia de lo que Boliden le debe al Estado".

La Junta ha ordenado a sus servicios jurídicos que comuniquen al juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla que ambas partes persiguen una solución extrajudicial de la controversia. La multinacional sueca Boliden reclama negociar a la vez con la Junta y el Gobierno, algo que rechaza el Ministerio porque ya se impuso una multa de 43 millones a la empresa que fue confirmada por el Tribunal Supremo y que la multinacional no pagó porque declaró en quiebra a su filial española.

"Es muy importante identificar lo que han dicho los tribunales y tener claro cuales son las responsabilidades de esta empresa", ha recalcado Ribera.

Así, ha recordado que los tribunales "tienen reconocida una deuda en contra de Boliden que debe resarcir por los gastos en los que han incurrido las administraciones por la limpieza y restauración de la zona" tras aquel "gran desastre".

Ha apuntado, en este sentido, que "es posible que la empresa tenga intención de diluir esa responsabilidad repartiendo aquello que ya tiene considerado como algo que ha de aportar en lo que debe a las dos administraciones".

Por lo demás, ha señalado que "como suele ocurrir en medio ambiente, mas vale invertir en prevención que no tener que sufragar los costes de restauración, que son enormemente perversos desde el punto de vista ecológico pero también ambientales".

Según adelanta el diario El País, esas negociaciones arrancaron el 21 de julio de 2016 y estarían en punto muerto desde hace un año. No obstante, la Junta ordena periódicamente a los servicios jurídicos que comuniquen al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 11 de Sevilla que ambas partes persiguen una solución extrajudicial, lo que sigue retrasando de facto el juicio.