Alcalá de Guadaíra aprobó este jueves de forma inicial en el Pleno una modificación urbanística que, de culminarse, impedirá que se pueda utilizar la quema de residuos como combustible alternativo en industrias ubicadas a menos de dos kilómetros de zonas residenciales. El texto -al que le queda al menos un año de trámite- es genérico, pero se ha elaborado como reacción a un proyecto concreto que ha tenido una importante contestación ciudadana: el de la histórica cementera de Alcalá, Cementos Portland Valderrivas, del grupo FCC, que tiene desde septiembre de 2014 autorización de la Junta (la modificación de su Autorización Ambiental Integrada) para sustituir el coque de petróleo que ahora le sirve de combustible por esa "valorización" de residuos, para la fabricación del cemento. No ha podido adaptar sus instalaciones por las reticencias del Ayuntamiento a darle la licencia de obras.

Hace un año, ya se aprobó en el Pleno una moratoria para ese tipo de permisos. Se supeditó a un estudio que se incluiría en el PGOU. Es lo que se hizo en el Pleno de este jueves, con los votos en contra de los ediles de C's y del PP y el respaldo del PSOE, Alcalá Puede, IU-Alternativa Alcalareña y el PA. A la sesión asistieron ecologistas y personal de la factoría, que está en Alcalá desde los años 60. La dirección insistió en que el "bloqueo" al proyecto "afectará directamente" a la "viabilidad" y "competitividad" de las instalaciones y a una inversión prevista de dos millones de euros. Ya está estudiando "distintas posibilidades" para recurrir la decisión. Frente a los argumentos de los ecologistas y de la Asociación Española Contra el Cáncer, la última en pronunciarse en contra, desde la cementera se subraya que utilizarán residuos no peligrosos, no más contaminantes que el derivado del petróleo de ahora, que esa actividad es un complemento al reciclaje que ayuda a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, además de reducir los costes de producción.

Tiene el apoyo de la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá, que ha advertido que la modificación afectará a otros proyectos e inversiones y a la industria del reciclaje de Alcalá, donde ya se elabora el preparado -no se quema el residuo directamente, sino un producto ya tratado previamente- y lo vende fuera. Cementos Portland Valderrivas insiste, además, en que 28 de las 33 cementeras de España ya usan o están ejecutando el mismo proyecto. Desde el PP alcalareño se censuró que "las reglas de juego" se cambien a "mitad del partido", que supondrá un "quebranto del principio de seguridad jurídica" y que, si la factoría cumple la normativa, la actividad no tiene por qué ser más perjudicial para la salud. Pidió que el asunto se dejara sobre la mesa, para pedir opinión antes al Consejo Consultivo y a la Junta.

La modificación urbanística debe publicarse en el BOP, estará un mes expuesta para alegaciones, debe pasar por el Consejo Consultivo y por la Junta. Fuentes del gobierno local subrayaron que el mantenimiento del empleo en la fábrica -unas 200 personas- no depende sólo de este proyecto. La plataforma contra la "incineración de residuos" -la cementera rechaza ese término- esgrime que la fábrica está a menos de 500 metros de la barriada de La Liebre y San Benito, a menos de 2.000 de la zona comercial de Vista Hermosa y a unos 2,5 kilómetros de otras barriadas de Mairena del Alcor, cuando la legislación para actividades fabriles "peligrosas, insalubres o nocivas" fija una distancia mínima de 2.000 metros al núcleo de población más próximo.