El Consistorio comprará las VPO de Produsa para evitar 'fondos buitre'

En los últimos años han sido frecuentes las críticas a las operaciones y decisiones que han llevado a que bloques de vivienda protegida, levantados con subvenciones públicas para dar cobertura a las familias con pocos recursos, hayan acabado en manos de bancos o fondos buitre. Se han denunciado casos, sobre todo, en Madrid. Pero son más y en el Ayuntamiento de Utrera están convencidos de que ése hubiera sido el destino del parque de VPO de régimen especial de alquiler del municipio -varios bloques que suman 130 pisos, con inquilinos que pagan entre 50 y 150 euros- que se han visto afectados por el concurso de acreedores de Produsa (Promoción y Desarrollo de Utrera), la sociedad municipal que los promovió y gestionaba y una de las muchas que se hundieron con el pinchazo inmobiliario y se está liquidando.

En ese proceso, el gobierno local que preside el alcalde socialista José María Villalobos y en el que participa también IU, ha apostado por adquirirlos de nuevo con fondos del Ayuntamiento, para no perder su control. Según recuerda Víctor Sánchez, teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, pretenden evitar, entre otras cosas, que se practiquen de forma inmediata desahucios con vecinos que no están al corriente del pago -aunque, como Ayuntamiento, gestionarán también la morosidad, para ordenarla pero estudiando caso por caso- y teniendo en cuenta que en 30 años la ley permite que un bloque de este tipo pase a ser de renta libre. Uno de los que se van a adquirir ya tiene más de 20, con lo que la posibilidad de que, amparada por ley, la entidad privada que se hiciera con ellos los pusiera en venta no es ni mucho menos lejana y a pesar de que en Utrera hay más de 230 inscritos en el registro de demandantes de VPO.

En este contexto, la operación que está más avanzada es la de los cuatro bloques situados en Brigadas Internacionales, que suman un total de 48 pisos, con certificación definitiva del año 1993. El inmueble está afectado por un crédito del ICO, un ente oficial que no asume adjudicaciones como pago en concurso de acreedores, con lo que los edificios hubieran salido a subasta. En el caso de las 40 viviendas de la calle Antonio de Nebrija, número 3, se construyeron con créditos de Bankia; y las 42 de Movimiento Maqui, número 4, del BBV, también acreedores en el concurso y entidades que podrían optar por adjudicárselos en pago o permitir que salieran a subasta y coger el dinero. De cualquier forma, lo habitual es que hubieran terminado getionadas por sociedades de activos o vendidos a terceros.

En el Pleno de enero se aprobó, por unanimidad, subrogar el crédito del ICO por 686.000 euros y abonar las cantidades que se adeudan por la morosidad de Produsa, más de 120.000 euros. El siguiente paso será la formalización de la escritura pública, en la que, además del ICO y el Ayuntamiento, tendrá que estar el administrador concursal, que está intentando obtener fondos con los bienes de Produsa para pagar al máximo de acreedores, aunque no habrá para todas las deudas. El anterior gobierno local ya adquirió para el Ayuntamiento el patrimonio de suelo más interesante que le quedaba.

La intención del gobierno local es también cerrar cuanto antes la adquisición de los pisos de Antonio de Nebrija, por algo más de 1,1 millones, y de Movimiento Maqui, por algo más de un millón, con una quita del 50% de ambas entidades con respecto a la cantidad inicial, según se ha negociado. El gobierno defiende que económicamente puede afrontarse, aunque la fórmula está por cerrar y debe reflejarse en los presupuestos de 2016, que aún no se han aprobado.