Diputación

Los bloques del PSOE y Adelante y de PP, Cs y Vox, divididos sobre el uso del ahorro municipal por el Estado

  • Villalobos pide "altura de miras" mientras que la portavoz del PP habla de "corralito"

  • Los grupos de izquierda tumban la moción popular en contra de la medida

Una votación en el Pleno de la Diputación de este jueves, con parte de los diputados en el espacio habitual para el público para garantizar las distancias de seguridad. Una votación en el Pleno de la Diputación de este jueves, con parte de los diputados en el espacio habitual para el público para garantizar las distancias de seguridad.

Una votación en el Pleno de la Diputación de este jueves, con parte de los diputados en el espacio habitual para el público para garantizar las distancias de seguridad. / M. G.

El Pleno de la Diputación de Sevilla que se ha celebrado este jueves, ha rechazado, con el voto contrario de PSOE y Adelante, la moción presentada por el PP para instar al "Gobierno central a no apropiarse de los recursos de las entidades locales", en referencia a la negociación que el Estado tiene abierta con la Femp para poder usar una parte de los remanentes de los ayuntamientos, a cambio de devolverlos en 10 años y permitirles a éstos su uso.

El debate propiciado por el PP, que sí ha contado con el apoyo de Cs y de Vox, ha evidenciado la división que suscita la propuesta. En mitad de ello, el presidente provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido centrarse "en lo que une para que haya un acuerdo" a nivel estatal en cuanto a la utilización del superávit y los remanentes.

La moción del PP, además de rechazar cualquier medida "tendente a apropiarse los ahorros" de los municipios,  tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo, también apostaba por la flexibilización de la regla de gasto para que puedan disponer de la totalidad de sus remanentes de Tesorería para afrontar los efectos de la crisis originada por la Covid-19.

La portavoz del PP, María Eugenia Moreno, ha advertido de que se está "orquestando un corralito a los depósitos" de los ayuntamientos, a los que además dejan "mermados de sus competencias". "No estamos de acuerdo con que le quieran quitar sus ahorros a los ayuntamientos como si fueran un cajero automático y liberar sólo el 35% los ahorros de los ayuntamientos. Es lo más parecido al timo de la estampita", ha sentenciado. Por ello, ha pedido a Villalobos su apoyo para que los ayuntamientos "puedan gastar su superávit sin tener que entregar sus ahorros.

Ante ello, Villalobos ha subrayado que hay unos 15.000 millones de euros que "hoy no podemos utilizar por la aplicación de la ley y hay un posible acuerdo, aún no firmado", por lo que insta a centrarse "en lo que nos une a todos para llegar a un entendimiento". "Ahora no está autorizado usar un 70 y ¿le vamos a poner pegas a que puedan decir que se puede usar de la noche a la mañana?", se pregunta, indicando que se gestionarían fondos comunitarios y que hay soluciones para los ayuntamientos "en la UCI".

"Si abren todas esas posibilidades, ¿para qué detenernos en lo menor? A mí no me tienen que dirigir ni la Junta ni Madrid, pero ahí estamos luchando para que se respete esa autonomía local. Que el árbol no nos impida ver lo que hay detrás", sentencia. En la misma línea, el portavoz socialista, Antonio Conde, señala que hay que afrontar la realidad de la financiación local para que "entre todos hagamos lo posible para poner este país en marcha". "Es hora de ponernos al consenso y no a la estrategia para que esta España sea tuya, mía y nuestra, como dice la canción", incide.

Por su parte, el diputado de Adelante y alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez, ha instado a que se tenga en cuenta a los ayuntamientos y al trabajo que realizan, a la par que ha apostado por que "todos nos sentemos y se debata la financiación local de manera seria, rigurosa y sin intereses partidistas". Además, ha rechazado la moción del PP que "busca la crispación".

La portavoz de Cs, Carmen Santa María, ha pedido flexibilizar el techo de gasto de los ayuntamientos y considera "de justicia que lo que es nuestro se pueda gastar en beneficio de los vecinos". "Lo demás es un atentado contra la autonomía local", avisa, tras pedir a la Diputación que no apoye que el Estado "se apropie de los fondos locales" ante unos ayuntamientos "en primera línea para la reducir el impacto de la crisis en los ciudadanos". "No se pueden realizar medidas falsas y populistas", insiste, criticando además el "doble lenguaje" del PSOE, que "ningunea a Andalucía".

Por último, el portavoz de Vox, Rafael Pablo García Ortiz, critica una medida que supone "confiscariedad, ruina y paro" y pide al PP "dejarse de complejos y actuar con contundencia". "El PSOE lo ve solidaridad pero nosotros consideramos que es propagandismo y propaganda", recalca.

Otros asuntos del Pleno

En el Pleno sí se aprobó por unanimidad una moción de Cs que aboga porque la institución desarrolle en colaboración con ayuntamientos, asociaciones de comerciantes y los agentes sociales, un programa de apoyo al comercio de cercanía de la provincia.

El PSOE y Adelante respaldaron una propuesta de este último grupo que insta a la Junta a aumentar la dotación del Plan para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), así como ampliar la participación. En el caso de Sevilla, el incremento propuesto es de 30,2 millones a más de 110 millones para realizar "unas 9.184 contrataciones más de las actuales".

Ambos grupos sacaron adelante además la moción socialista que pedía que se restablecieran todos los servicios sanitarios y la atención primaria en la provincia, tal y como estaba antes de la pandemia, sin que ésta se aproveche para desmantelar o reducir las coberturas o "desviar dinero a la privada".

Finalmente, el PSOE y Adelante rechazaron una moción de Vox de "reconocimiento y defensa" de la propiedad privada frente a las ocupaciones ilegales de vivienda, que pedía al Estado promover reformas legislativas necesarias para tipificar como delito grave las infracciones penales contra la propiedad privada e "incorporando como agravante la okupación de viviendas donde la pena a imponer lo sea en su mitad superior".

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