Provincia

El Ejecutivo andaluz se plantea recurrir la sentencia sobre la reapertura de la mina de Las Cruces

  • Sánchez Maldonado se ha referido a la resolución dictada por la CHG que "ampara la gestión hídrica que se está llevando a cabo en el complejo y que avaló en su día la Agencia Andaluza del Agua".

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha confirmado este martes que su departamento estudia la posibilidad de presentar un recurso de casación contra la sentencia del TSJA sobre la autorización para explotar la mina de Cobre las Cruces. En la conferencia de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Sánchez Maldonado ha dicho que también se plantean la posibilidad de complementar el expediente administrativo con una resolución de la Consejería "tras conocer lo dictado por los tribunales y la resolución de octubre de 2013 de la Confederación Hidrográfica".

El consejero se ha referido, en concreto, a la resolución dictada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que "ampara y refuerza la gestión hídrica que se está llevando a cabo actualmente en el complejo minero y que avaló también en su día la Agencia Andaluza del Agua", ha subrayado. Tras subrayar que la minería es un sector "estratégico" que la Junta va a seguir apoyando "con todas sus fuerzas", el consejero ha asegurado que en la sentencia del TSJA "no existe ningún tipo de medida cautelar de orden penal", sino que se sitúa "en el estricto ámbito de lo contencioso-administrativo".

"En ningún caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que no es firme y ante la que cabe recurso, interfiere ni cuestiona la actividad ni el empleo de la misma, ni los procesos de inversión de la empresa Cobre Las Cruces, ni tampoco sus planes de investigación, todo lo cual sigue adelante", ha recalcado. Preguntado, por otra parte, sobre el proceso judicial relativo al concurso de la mina de Aznalcóllar, ha insistido en que el expediente de la adjudicación de la explotación de la mina está "totalmente validado" por el servicio jurídico de la Consejería y la Intervención General de la Junta, que eran los órganos que lo tenían que "validar" y ha sido un proceso "transparente y riguroso".

Ha dicho que tras el primer atestado policial que dio lugar a un auto de la jueza y a un informe del fiscal, los siete presuntos delitos e irregularidades se quedaron "en uno, que no atañe en nada a la actuación del Gobierno andaluz". "Ahora estamos a la espera del nuevo auto en relación al segundo atestado y, mientras tanto, respeto máximo y colaboración con la Justicia, que es algo que hemos mantenido desde el minuto uno poniendo todos los papeles a disposición de los respectivos entes jurídicos", ha remachado.

Preguntado sobre los supuestos indicios de "amaño" en el concurso de adjudicación, ha insistido en que tanto la Intervención General como los servicios jurídicos de la Junta han dicho que el procedimiento ha sido "correcto y ajustado a ley", y ha agregado: "Yo no valoro atestados porque no es mi misión". "Hay que esperar el auto de la jueza y al informe de la Fiscalía y, a partir de ahí, los servicios jurídicos de la Junta dirán lo que tengan que decir", ha zanjado.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios