La juez pide opinión a la Fiscalía sobre la “suspensión cautelar” de los trabajos en la mina de Aznalcóllar

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla y a las demás partes personadas su opinión sobre la petición de Emerita Resources, la empresa perdedora, de que se suspendan cautelarmente los trabajos que se realizan actualmente en las instalaciones, y sobre la petición de imputar al resto de los miembros de la mesa de contratación y nuevas imputaciones ha postergado su decisión al resultado del informe encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En una providencia que tiene fecha de ayer, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha acordado expresamente dar traslado a la Fiscalía de Sevilla y a las demás partes personadas de la petición de Emerita sobre la “inmediata paralización” de cualquier trabajo que se esté realizando en la mina de Aznalcóllar y los recursos mineros objeto del concurso público.

La juez hace constar a las partes que aún está pendiente de cumplimentar la solicitud efectuada entre otros extremos a la dirección general de Industria, Energía y Minas para que informe al juzgado del “estado y circunstancias concretas en las que se encuentren actualmente las actividades de exploración” en caso de haberse iniciado. La instructora añade con respecto a la posible suspensión cautelar que ya consta un pronunciamiento de este juzgado en un auto dictado en agosto de 2015 –en el que la juez se opuso a la medida al apuntar literalmente que “no se observan motivos para entrar a pronunciarnos sobre la suspensión" -, si bien la magistrada admite ahora que “se ha podido operar un cambio en las circunstancias”.

En la misma providencia, la juez deja en suspenso la posibilidad de tomar declaración a los otros seis miembros de la comisión técnica de la mesa de contratación, así como la de ampliar la imputación realizada a los actualmente investigados –entre ellos la viceconsejera de Empleo, María José Asensio-, para que se cite como investigado al ex secretario general técnico de la Consejería Vicente Fernández, o para imputar por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de Minorbis.

Sobre todas estas imputaciones, la juez señala que deben quedar pendientes de la “elaboración del informe de investigación encomendado a la UCO en el auto del 31 de octubre pasado y con el estudio y examen del mismo se acordará lo procedente”.

La empresa Emerita había pedido a la juez la “inmediata” paralización cautelar de los trabajos que se estén realizando en los recursos mineros de Aznalcóllar, y la “suspensión cautelar” de las resoluciones y procedimientos administrativos de los que estos trabajos derivan, especialmente de la resolución de 25 de febrero de 2015 de la dirección general de Industria, Energía y Minas por la que se adjudica el concurso a Minorbis-Grupo México, así como la posterior aceptación de Minera Los Frailes y la resolución de la consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza la exploración de la reserva por Minera Los Frailes de 3 de junio de 2016.

La denunciantes señalaban que una vez acreditada “al menos indiciariamente” la irregularidad del procedimiento, la realización de trabajos e inversiones en dichos recursos “sólo agravan la situación y causan un grave daño no sólo a esta parte, sino a los actuales explotadores de los recursos (que pueden ver sus inversiones perderse por una resolución judicial futura) y especialmente a los intereses generales, por las posibles indemnizaciones que puedan derivarse”, precisa.

La denunciante añadía que de probarse la ilegitimidad de la adjudicación a Grupo México-Minorbis, “estaríamos con que se está realizando un proyecto defectuoso que puede acarrear graves daños al Medio Ambiente y a la salud de las personas”, y concluye que la más elementa consideración de “prudencia” les lleva a estimar que “tanto por los posibles daños económicos a las partes y al erario público, como por el riesgo que se corre, debe decidirse la paralización cautelar de cualquier operación, que más allá del necesario mantenimiento de la salvaguarda de la seguridad, se lleve a cabo en los recursos mineros objeto del concurso”.

Emerita solicitaba además que fueran citados a declarar como investigados los otros seis miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación, como ya planteó la propia instructora después de que la Audiencia de Sevilla ordenase reabrir la investigación en relación con la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Decía el abogado de Emerita, Ramón Escudero, que si de las “decisiones injustas o contrarias a Derecho tomadas por la comisión técnica de la mesa de contratación, serían responsables todos sus integrantes, y por ello todos serían autores de los delitos cometidos”, añadiendo que se trata de un delito de prevaricación “achacable a todos los miembros de la comisión técnica”, dado que las decisiones se tomaron por unanimidad y por tanto el delito “surge de un concurso de voluntades en el que intervinieron todos sus integrantes.

A estos seis técnicos, Emerita solicitaba que se les cite en calidad de investigados por un delito de prevaricación y por los otros cuatro mencionados que también atribuye a los anteriores imputados.

Cargos contra la actual viceconsejera

Además, el abogado de esta compañía pedía asimismo que en el caso de varios investigados, entre ellos la actual viceconsejera de Empleo María José Asensio, se ampliara su imputación por delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio, y de la misma forma solicitaba que fueran citados como imputados por cinco delitos –prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal- los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes de Minorbis. Emerita destacaba que ambos empresarios eran “conscientes de que el procedimiento de adjudicación de los recursos mineros no iba a ser limpio, y por ello, incluso antes de comenzar la licitación se reunieron con representantes de Emerita Resources para advertirles que ellos tenían la llave del concurso, produciéndose inmediatamente de esa reunión, la llamada de Vicente Fernández, como habían anunciado que sucedería”.

La denunciante agregaba que los hermanos Magdaleno no sólo se beneficiaron delitos, sino que “colaboraron en su comisión”, y considera que Minorbis, “una empresa descapitalizada, sin material, capital humano ni económico ni experiencia, habría actuado como un conseguidor que aportaba sus contactos a la Administración, y por lo que habría cobrado su comisión, para luego ver desvanecerse su participación en la mina de forma tan descaradamente evidente”.

Con respecto a la ampliación de los cargos a María José Asensio, la denunciante sostiene que ésta presentó en el juzgado el 13 de abril de 2015 un escrito donde daba “su versión” del papel que había desempeñado la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano durante el procedimiento de adjudicación y en el que se aseguraba que a esta trabajadora se le facilitó un ordenador con conexión a internet para realizar las comprobaciones necesarias y que al término informó de que la solvencia de Grupo México estaba “garantizada”, pero Emerita afirma que Pilar Trujillano “nunca informó de que la solvencia estuviera garantizada”.

Presunto cohecho

Emerita pedía asimismo que se investigue un posible delito de cohecho, tráfico de influencias y fraude porque “algunos, si no todos los miembros de la comisión técnica de la Mesa de Contratación fueron ascendidos inmediatamente después de su participación en la misma, tomando decisiones que, según criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla, consta acredita su ilegalidad”. Para la empresa, resultaba por tanto “imperativo” que el juzgado investigue si tales beneficios en cuanto a su situación laboral “son fruto de su actuación irregular en la licitación que nos ocupa”.

Y añadía que aunque al final no se estimase que se ha producido un beneficio propio, “es indudable que la actuación irregular de los miembros de la Comisión Técnica de la Mesa de Contratación, benefició patentemente a terceros, y cuanto menos al consorcio Minorbis-Grupo México, a las sociedades que lo componen y a las personas que las controlan”.

También solicitaba la imputación del que fuera secretario general de la Consejería Vicente Fernández al que atribuye cinco delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal. La denunciante alega que este ex alto cargo emitió y firmó el informe de la dirección general presentado el 27 de agosto, donde afirma que el licitado y adjudicatario es Minorbis “sin nombrar a Grupo México como licitadora, abundando en la evidente falsedad” y además reconoce que Minera Los Frailes es una entidad “diferente”.

Para la denunciante, Vicente Fernández emitió un acto administrativo que contiene “patentes falsedades con el objeto de confundir, o al menos influir, en la investigación judicial”, en alusión a los escritos donde afirma que el licitador y adjudicatario es Minorbis y reconoce que Minera Los Frailes es una entidad diferente, con una solvencia acreditada “porque posee 93 millones de fondos propios, sin entrar a valorar que no acreditan ninguno de los requisitos exigidos en la licitación”.