El proyecto que Cementos Portland Valderrivas tiene para incorporar la "valorización de residuos" no peligrosos como combustible alternativo a los derivados del petróleo en su planta de Alcalá de Guadaíra ha sufrido otro revés. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a Alwadi-ra-Ecologistas en Acción y ha anulado la resolución por la que la Consejería de Medio Ambiente dio el visto bueno en 2014 a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la industria tiene desde 2006 para que pueda hacerlo. La Junta sólo estimó en parte el recurso de alzada que presentaron los ecologistas, en lo que afecta a valores límites de emisión o la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para la nueva actividad.

Ahora, el TSJA considera que faltan otros aspectos esenciales, como el "preceptivo" informe medioambiental o el de compatibilidad urbanística. Según el fallo, fechado el 10 de octubre y recogido por Europa Press, el informe de compatibilidad urbanística "no fue solicitado por el interesado ni requerida la subsanación" por la Junta. "Dadas las características de la instalación, el volumen de residuos y la actividad de gestor de residuos que exige nueva autorización y en cuyo procedimiento se ha omitido el informe de compatibilidad urbanística preceptivo y vinculante, queda viciado el procedimiento de autorización, determinando su nulidad". Además, señala que el dictamen ambiental en el que se evalúan los efectos del proyecto o actividad fue "publicado al mismo tiempo que la autorización integrada, impidiendo la participación pública en una de las fases más críticas en el proceso aprobatorio, lo que causa también la nulidad de la resolución impugnada".

El PGOU se modificó para vetar la actividad a menos de 2.000 metros de zonas urbanas

La empresa anunció ayer que está estudiando el fallo para recurrirlo. Pero aseguró que la anulación del TSJA se debe "a dos defectos subsanables de carácter puramente procedimental" y que "nada tienen que ver con el comportamiento ambiental ni con el cumplimiento legislativo de la fábrica".

Aun así, puede toparse con problemas a la hora de ese informe de compatibilidad urbanística que necesita. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que se ha opuesto a la iniciativa, ha modificado con posterioridad su PGOU -lo aprobó definitivamente en pleno en octubre de 2016 y la cementera lo tiene en los tribunales- para exigir una distancia mínima de dos kilómetros para cualquier actividad que implique la quema de residuos. Es lo que ha impedido a la empresa pedir la licencia urbanística municipal para las obras de adaptación de sus instalaciones que necesita para la valorización.

La cementera, que es una de las industrias más antiguas del municipio, al que llegó en 1964, se sitúa a 500 metros de las barriadas de La Liebre o San Benito y a menos de un kilómetro de la zona comercial del Cerro de Cabeza Hermosa, donde está el centro comercial de Los Alcores, que también se ha opuesto a la quema de residuos. Otras empresas de Alcalá, entre ellas varias que se dedican a la gestión de residuos, sí han apoyado esta valorización que, según ha venido defendiendo Portland Valderrivas (del grupo FCC) es esencial para la supervivencia de la factoría, ya que abarataría los costes y es un sistema que han incorporado 32 de las 35 fábricas de cemento de España que han sobrevivido a la crisis. "El uso de combustibles derivados de residuos es una práctica comunmente empleada en procesos industriales términos como el cemento, fomentada desde Europa por su ayuda a la lucha contra el cambio climático y empleada en Europa, España y Andalucía desde hace más de 30 años, en distintas industrias", reiteró ayer en un comunicado.

La fábrica de Cementos Portland Valderrivas genera unos 200 empleos directos en Sevilla. Ayer, la empresa insistió en que "sigue apostando firmemente por el futuro de esta planta y la implantación de mejores prácticas productivas".