El Opaef asumirá la gestión del IBI y el sello del coche a partir de 2016

El gobierno socialista de Antonio Gutiérrez Limones logró ayer en el Pleno, con el apoyo de dos de los cuatro ediles de Alcalá Puede -que votó dividido- y los dos de C's, que saliera adelante su propuesta para firmar un convenio con la Diputación y ceder desde el 1 de enero el cobro de los principales impuestos al Opaef, Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal, que ya asume ese cometido en la práctica totalidad de los municipios sevillanos, salvo la capital -con la que mantiene acuerdos- y Mairena del Aljarafe. Suplirá así las carencias con las que se trabajaba el servicio Arca-Gestión Tributaria Municipal, desde que, a final de 2013, no se renovó a la empresa CGI, que apoyaba al servicio, tras una condena por "cesión ilegal de trabajadores".

Estas circunstancias se han dado cuando más necesidades de una gestión eficaz de impuestos e ingresos había. De hecho, y según destacó ayer el gobierno, entre las prioridades del acuerdo, está "activar" los expedientes paralizados y "redoblar" la inspección para reducir el fraude. Según defendió el delegado de Hacienda, Salvador Escudero, son los técnicos municipales, como ya hicieron en 2013, los que han defendido que el Opaef "es la única forma de prestar el servicio a corto y medio plazo con unas mínimas garantías de eficacia". Se cederá la gestión del IBI, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y la recaudación en ejecutiva de multas de tráfico. El resto, como el Impuesto de Actividades Económicas -que sí se pensó en traspasar cuando el asunto se llevó por primera vez al Pleno, en 2014-, el de construcciones y tasas y precios públicos, se seguirán llevando desde Arca y el cobro de las plusvalías, con el acuerdo que se firmó con el Registro de la Propiedad. En aquella ocasión la oposición (el PP, IU y el PA) rechazaron esa posibilidad frente a un PSOE ya en minoría tras perder a la edil Laura Ballesteros, que también votó en contra. La oposición cree que Alcalá tiene capacidad para tener su propio servicio de recaudación y solventar las tensiones de tesorería.

También con el apoyo de C's y esas dos ediles de Podemos, el gobierno logró sacar adelante otra iniciativa más controvertida, con un informe en contra de Intervención: el traspaso de casi 914.000 euros a la sociedad Innovar Alcalá, de los que 584.000 son para hacer frente al déficit del teatro Riberas del Guadaíra, que se gestiona a través del ente, y el resto para el programa Alcalá+i. El delegado de Hacienda relacionó los problemas con la crisis que frustró la venta de activos inmobiliarios. Pero el informe de Intervención ha alertado de anomalías tales como que las cuentas de 2013 y 2014 no se han aprobado. Las últimas ni se han sometido al Consejo de Administración. El registrador mercantil ha nombrado a un auditor para que verifique la contabilidad de la sociedad al que, según el informe, "no se ha facilitado" la documentación "precisa". Con respecto a las cuentas de 2013, Hacienda ya ha retenido al Ayuntamiento ingresos por más de 657.000 euros por facturas sin pagar de Innovar, con las que las pérdidas de la sociedad hubieran sido superiores a 763.000 euros, más de la mitad del capital social, que la hubieran obligado a la disolución.

En cuanto al proyecto de Alcalá+i, el interventor alerta de que, con lo que ya ha puesto el Ministerio de Ciencia y el Consistorio, debería existir un saldo de tesorería de 795.000 euros, pero en la actualidad es negativo, incluso habla de que se han producido "anomalías", entre las que cita "utilización de fondos recibidos para el proyecto" para pagos "ajenos" al mismo. Al margen de todo ello el traspaso supone el incumplimiento del plan de ajuste municipal, que impide que se hagan aportaciones o ampliaciones de capital a sociedades con necesidades de financiación en las circunstancias de Innovar.