Ortega Cano pide su absolución e impugna la prueba de alcohol

Ni conducía ebrio ni a una velocidad excesiva. La defensa del torero José Ortega Cano entiende que el matador debe ser absuelto de los delitos que se le atribuyen en relación con el accidente que el 28 de mayo de 2011 costó la vida al vecino de Castiblanco de los Arroyos Carlos Parra y por los que se enfrenta a una petición de condena de cuatro años de cárcel.

El abogado Enrique Trebolle Lafuente, que representa al matador, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, en el que reclama además de la absolución del torero la "nulidad" de la prueba de alcoholemia, que es la clave del proceso y la que puede decidir finalmente si Ortega Cano puede acabar o no en prisión.

La defensa impugnará esta prueba planteando una cuestión previa al inicio del juicio que se celebrará en los próximos meses -previsiblemente el próximo otoño- en un juzgado de lo Penal de Sevilla. La petición de nulidad se argumenta sobre los posibles fallos en la cadena de custodia de la muestra de sangre tomada al torero a su ingreso en el hospital Virgen Macarena con fines exclusivamente terapéuticos y en la que los análisis del Instituto de Toxicología detectaron una tasa de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido.

El escrito de la defensa del diestro, al que tuvo acceso este periódico, señala que a Ortega Cano se le practicaron varias transfusiones de sangre y se le practicó una extracción a efectos terapéutico, "para salvarle la vida", por lo que si esa extracción se utiliza posteriormente como prueba en el procedimiento penal "deben seguirse, imperativamente, unos requisitos que no se han advertido en el presente caso". El letrado alega que según la jurisprudencia constitucional ese análisis es "nulo de pleno derecho".

Al torero se le realizaron dos extracciones, una de las cuales se conservó en el laboratorio de Bioquímica, de la que no quedaron restos, y otra en el banco de sangre de Hematología, custodiado conforme al protocolo habitual de esta unidad. El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla no ordenó hasta el 10 de junio de 2011 -trece días después del accidente- la remisión de una muestra para su análisis al Instituto Nacional de Toxicología, y la defensa tratará de demostrar que en ese tiempo que media entre la extracción de la sangre y la orden del juzgado, la muestra no ha estado sometida a la cadena de custodia que requiere un proceso penal, por lo que se habrían vulnerado los derechos fundamentales del torero y la prueba quedaría invalidada.

El letrado del matador recuerda igualmente que Ortega Cano se hallaba con anterioridad a la fecha del accidente en tratamiento médico por "arritmias cardíacas" y tomaba diversos medicamentos como Trangorex o Sintrón.

En cualquier caso, la defensa niega que el torero circulara a una velocidad excesiva -la Guardia Civil la sitúa en 125 kilómetros por hora, superior a los 90 permitidos en esa vía- y para ello aporta junto a su escrito un informe pericial elaborado por dos ingenieros industriales de la Universidad de Zaragoza que concluye que el Mercedes de Ortega Cano circulaba "a una velocidad permitida reglamentariamente".

La defensa de que fuera figura del torero también ha solicitado la declaración en el juicio de cinco testigos que podrían acreditar el estado en el que se encontraba Ortega Cano el día del siniestro, con la finalidad de acreditar que no ingirió bebidas alcohólicas más allá de lo que reveló el torero en su declaración, cuando dijo que únicamente se "mojó los labios" con una copa de cava. Entre estos testigos se halla un trabajador de la finca Yerbabuena y varios responsables de establecimientos hosteleros en los que estuvo la tarde del accidente.

La defensa ha solicitado, con la misma finalidad, que declaren el bombero que rescató al diestro del vehículo, el conductor de la ambulancia y los médicos del servicio de Urgencia del hospital Virgen Macarena que no apreciaron síntomas de que Ortega Cano se hallara bajo los efectos del alcohol.