El diario británico The Guardian se ha hecho eco de la investigación incoada por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, en torno a la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, informando además de la decisión de la Junta de Andalucía de paralizar dicho procedimiento resuelto en favor de la agrupación empresarial México Minorbis, de la que participa la empresa andaluza Magtel.

A través de una información titulada Reapertura de una controvertida mina española, The Guardian expone que "la investigación judicial encuentra indicios de serias irregularidades en el procedimiento de subasta de la mina de Aznalcóllar, que en 1998 causó uno de los peores desastres ecológicos de España".

La información da cuenta tanto de la investigación incoada por el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, derivada de una denuncia promovida por el grupo Emerita-Forbes Manhattan, que concurrió sin éxito al concurso internacional promovido para adjudicar los derechos de explotación de esta mina, como de la decisión adoptada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de paralizar la adjudicación al objeto de que la misma sea "clarificada".

Después de la adjudicación de los derechos de explotación al grupo empresarial México Minorbis, formado por la compañía andaluza Magtel y el Grupo México, la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude promovida por otra empresa descartada del concurso ha motivado que el Juzgado de Instrucción número tres haya apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y haya ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asencio Coto.

The Guardian, en ese sentido, expone los términos del auto en el que la juez Patricia Fernández Franco considera que la Administración andaluza no se atuvo "al más mínimo rigor" a la hora de adjudicar los derechos de explotación de la mina, interesándose por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales". Igualmente, el diario británico da cuenta de la defensa del Gobierno andaluz en cuanto al procedimiento seguido y su "transparencia".