Alrededor de 200 personas, entre trabajadores, representantes de los sindicatos, los ayuntamientos y los principales partidos políticos se han concentrado este martes ante la base militar de Morón en demanda de más garantías de estabilidad para el personal civil español que trabaja para la Fuerza Aérea de EEUU, unos 350 trabajadores. La convocatoria estaba prevista antes de que trascendiera la decisión del Gobierno norteamericano de trasladar desde la base sevillana a la italiana de Vicenza el contingente de la Fuerza Especial Aire-Tierra de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines después de ocho años, aunque el mismo no ha supuesto la contratación de más civiles en la zona. 

Los representantes de los principales partidos (el PSOE, el PP o IU) han hecho manifestaciones apoyando la necesidad de garantizar jurídicamente ese empleo civil, que el presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez, espera que lleguen al Congreso y que se pase de lo "ambiguo" a lo concreto, según ha dicho. 

La plantilla de los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico e higiene industrial de la base aérea plantea una modificación del tratado bilateral entre ambos países que regula el funcionamiento de la base, que data de 1988 y ha quedado "anticuado en el ámbito laboral", ya que no se ha modificado con las tres enmiendas acordadas que se han hecho y a pesar de las reformas en la legislación laboral española. El PP e IU han coincido ahora en la necesidad de incluir cláusulas laborales en el mismo. 

Entre otras cosas, la plantilla plantea que se fije en el mismo un número de contratos de civiles españoles en función de los militares estadounidenses o que pasen a ser personal civil del Ministerio de Defensa, como ocurre en la base se Rota. 

La protesta también ha servido para reclamar que la decisión de EEEUU de trasladar  al contingente especial de reacción rápida en África no sea usada como "excusa" para nuevos despidos entre la plantilla española. 

Rodríguez Ardila insistió en que este traslado "no tiene por qué tener impacto" en la plantilla española, porque en 2013 no se tradujo en la contratación de más personal. Aún así, el presidente del comité señaló que van a estar "vigilantes", reclamando además a la actual empresa adjducataria de los servicios, la multinacional KBR, "diálogo" con la plantilla. 

El comité de empresa lleva años denunciando una supuesta estrategia de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país. KBR formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria entre 2010 y 2015 de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la base de Morón. Durante sus años de gestión de los servicios acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE), con 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, despedidos mientras aumentaba la presencia militar estadounidense en la base.

El PSOE pide "consenso político"

A la concentración han asistido Verónica Pérez y Javier Fernández, junto a los alcaldes también socialistas de Morón, Juan Manuel Rodríguez; y El Coronil, José López Ocaña; además de concejales de Utrera y Alcalá de Guadaíra.

"Los socialistas sevillanos estamos una vez más apoyando a la plantilla española de la base de Morón, que lleva diez años en una situación difícil, viendo cómo se reducen a la mitad los empleos de los españoles mientras se incrementan los puestos de los americanos", ha asegurado Verónica Pérez. La parlamentaria socialista ha insistido en que el PSOE "estará siempre en la búsqueda de una solución a este problema laboral, porque consideramos justo que se garantice la estabilidad de la plantilla española mientras se mantenga la carga de trabajo". 

También ha recalcado que el "consenso político" es necesario para hallar una solución a esta problemática, que la plantilla ha elevado tanto al anterior Gobierno popular de Mariano Rajoy como al actual Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez. 

El PP anuncia iniciativas en el Congreso

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, que también ha estado presente, ha mostrado su "preocupación" por el futuro de los 350 trabajadores y la "recurrente incertidumbre". Ha sido  clara al hablar de modificaciones legales para evitarlo: "Es necesario establecer cláusulas en el tratado de España y EEUU para dotar de seguridad jurídica a todos estos trabajadores", ha dicho, añadiendo que el PP llevará una iniciativa sobre el asunto al Congreso de los Diputados, aunque también se planteó en su día al Gobierno del popular Mariano Rajoy. 

"Es una cuestión de justicia social", ha abundado la también diputada en el Parlamento de Andalucía. Asimismo, ha reclamado compromiso político porque "los partidos conocemos la realidad y las soluciones que la Campiña necesita". 

IU recuerda que el tratado expira en 2022 

El coordinador provincial de IU en Sevilla, Manuel Lay, y el diputado nacional de Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante, también han estado en la concentración. "Estos trabajadores están sometidos a las condiciones laborales de una empresa concesionaria norteamericana, que va sustituyendo progresivamente al personal de nuestro país por personal civil o militar norteamericano. El tratado bilateral entre España y EEUU expira en julio de 2022, por lo que ahora es el momento de reivindicar un cambio de rumbo al gobierno norteamericano y a los ministerios de Exteriores y Fefensa españoles", ha defendido también Lay. 

Miguel Ángel Bustamante, diputado de Unidas Podemos, partido que cogobierna el Estado junto al PSOE, ha admitido que "es fundamental que el gobierno de España, en el marco del acuerdo de cooperación, blinde y garantice los puestos de trabajo" de la plantilla española de la base. 

En IU sostienen que rechazan la presencia de bases militares extranjeras en territorio español, pero destacan que, mientras estén aquí, hay que exigir "que el Gobierno cuide los derechos sociolaborales del personal y se controlen las contrataciones de personal norteamericano y las cotizaciones de las empresas contratistas".